Participación ciudadana y alfabetización constitucional

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• El Siglo, martes 21 de enero de 2025 

Anayansi Turner

La democracia participativa es el nuevo paradigma constitucional que debe sustituir al modelo, ya periclitado, de “democracia representativa”, donde el electorado deposita su voto a favor de “representantes” en cada período electoral, con la potestad de estos de tomar sus decisiones al margen de la voluntad popular y en la generalidad de los casos a favor de los intereses oligárquicos de turno. La ficción de la “representación política” hizo crisis en nuestro país en función de la corrupción y el clientelismo.

Por el contrario, la democracia participativa implica que la participación ciudadana se vea como un auténtico derecho, entendiendo como tal a la igualdad de oportunidades que debemos tener todos los ciudadanos para ser parte activa en la toma de decisiones y acciones decisivas en el plano nacional. Esta participación debe consagrarse plenamente en un nuevo texto constitucional, de manera de poder ser ejercida mediante la postulación a cargos de elección popular a través de diversas instancias sociales y no sólo por los partidos políticos tradicionales, así como posibilitando mecanismos de democracia semidirecta y comunitaria o de consulta permanente como el plebiscito, referendo, consulta popular, cabildo abierto, revocatoria de mandato, iniciativa legislativa, tal como lo consignan constituciones de países vecinos como Colombia, Bolivia y Ecuador. Pero, a la vez, implica que en el día a día del acontecer político panameño debemos estar vigilantes y en estado de alerta para que nuestros representantes honren sus compromisos electorales y tomen en cuenta nuestras opiniones.

Los cambios constitucionales no deben obedecer a requerimientos puntuales de potencias extranjeras o propósitos de legitimación de regímenes de facto o intereses reeleccionistas de presidentes de turno o finalidades mediatizadoras de movimientos ciudadanos en pro de la constituyente. Deben responder a las necesidades sociales de la colectividad, cónsonos con los derechos humanos reconocidos internacionalmente en la dirección de garantizar un Estado Constitucional Democrático y Social de Derecho.

Felicitamos, entonces, la iniciativa de la llamada “Alfabetización Constitucional”, dirigida por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac), creada por el Decreto 488 de 24/8/24, con el propósito “preparar a la ciudadanía para protagonizarse activamente y con conocimiento en el proceso constituyente que definirá un nuevo pacto social”, pues somos firmes creyentes que la participación ciudadana, de cara a un proceso constituyente originario, es la única vía para superar el franco deterioro de la institucionalidad democrática en que nos encontramos.