Represión selectiva


Represión selectiva

Ha transcurrido más de un mes en que diversos sectores de la sociedad panameña se han levantado en contra de la Ley 462, los acuerdos con EU para el retorno de bases militares, la reapertura de la minería y el embalse de Río Indio. La represión se ha hecho sentir, no sólo en las calles, sino a través de detenciones arbitrarias, la criminalización de la protesta social y, últimamente, la represión selectiva contra dirigentes populares.

El Presidente de la República no sólo ha negado la posibilidad de diálogo, sino que ha emitido declaraciones públicas, en las cuales ha anatemizado particularmente al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), acusándole de “mafia”, amenazándole de reducirlo "a su mínima expresión”.

Y, curiosamente en un abrir y cerrar de ojos se han producido una serie de medidas arbitrarias contra este sindicato, como el cierre de sus cuentas bancarias; allanamientos de sus locales en Chiriquí y ciudad capital; investigaciones penales y órdenes de detención en contra de sus principales dirigentes; detenciones preventivas en contra de Jaime Caballero y Genaro López (contra este último a pesar de lo dispuesto por el artículo 238 del Código Procesal Penal que excluye a las personas de 70 años o más de la aplicación de la detención provisional) en pabellones de máxima seguridad en la Nueva Joya; cancelación de su cooperativa, entre otras, que, incluso llevaron a su secretario general, Saúl Méndez, a refugiarse en la embajada de Bolivia, a la espera de la concesión de asilo, temiendo por su vida.  Medidas que dan cuenta de que no hay separación de poderes en nuestro país, sino una concentración de autoridad en el Ejecutivo.

Asimismo en una persecución política sin precedentes se ha dado retención ilegal de los fondos del 5% del seguro educativo, a las diversas organizaciones sindicales; y la Ministra de Educación ha solicitado auditoría a la Contraloría acerca del uso que hacen más de 17 gremios educativos, del Fondo de Capacitación Gremial Docente proveniente del 1% anual del Seguro Educativo.

Se han puesto en jaque la institucionalidad y el Estado de Derecho intrínsecos a un régimen democrático.

Guardan vigencia las palabras de Martin Niemöller (1946): “Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar.”

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