Sobre la inconstitucionalidad del contrato de PPC

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  El Siglo, jueves 19 de febrero de 2026 

Anayansi Turner

Ante las dos demandas de inconstitucionalidad interpuestas por la Contraloría en julio de 2025, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptó, el 29 de enero pasado, la sentencia que declara inconstitucional el contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), filial de CK Hutchison, empresa hongkonesa. Dicho contrato había sido aprobado a través de la Ley No 5 de 1997 con sus adendas y prórrogas. Por ende, el fallo le anula la concesión con que operó los puertos de Balboa y Cristóbal por casi 3 décadas y que se la prorrogaba hasta el 2047.

La Corte estimó violados los siguientes artículos constitucionales: el 17, 18, 19, 32, 50, 159, 163, 200, 258, 259 y 280.  Se consideró que la Ley 5 de 1997 con sus adendas y prórrogas transgredía el equilibrio contractual y privilegiaba el interés particular sobre el público, cuando concedía a PPC la preferencia en la explotación de nuevas áreas, como Diablo y Telfers, sin contraprestación y sin posibilidades de abrir nuevos procesos de contratación pública donde otras empresas portuarias pudieran competir, misma situación que se producía con la prórroga automática por 25 años, sin refendo previo de la Contraloría y sin renegociación de mejores condiciones por parte del Estado, cuando existían contextos distintos a los de 1997, con un Canal revertido y ampliado y un centro portuario y logístico de mayor desarrollo, en la actualidad.

Sin embargo, ha sido un hecho notorio la presión de EU sobre el gobierno panameño, desde la toma de posesión de Trump, cuando éste amenazó en retomar el control del Canal, por la “influencia maligna” de China; pasando por la visita de Marco Rubio a Panamá, donde Mulino prometió realizar auditorías sobre las concesiones portuarias. Es más, el fallo fue conocido primero en EU, celebrando el Secretario de Estado tal decisión.

Black Rock y TIL manifestaron su interés, desde marzo de 2025, en comprar el 90% de los activos de Hutchison Ports, incluida PPC, contando con el beneplácito de Trump, pero el gobierno chino se opuso a tal transacción. La pregunta es: ¿hubiera fallado la CSJ en el mismo sentido si se hubiera perfeccionado tal compra? Tomemos en cuenta que, en la transición, mientras se someta a licitación la operación de estos puertos, la filial de la naviera danesa Maersk, APM Terminals, misma que administra el ferrocarril, se ocuparía de operarlos, contando BlackRock con participación en esta naviera.

No dudamos que el contrato declarado inconstitucional fue leonino para el país y que los diversos gobiernos negociaron en detrimento de los intereses panameños, pero evidentemente que la expedición del fallo en este momento obedeció a la presión del Coloso del Norte.