Consulta de playa inconstitucional

El Siglo, martes 10 de marzo de 2020 

La propuesta de playa artificial del Alcalde del Distrito de Panamá irá a una supuesta consulta de los ciudadanos.

La propuesta de playa artificial del Alcalde del Distrito de Panamá irá el próximo jueves 12 de marzo, a una supuesta consulta de los ciudadanos que habitamos este Distrito.

Se trata de una obra que rescataría las otrora playas de Calidonia y Bella Vista (existentes en los años cincuentas y sesentas) ubicadas en la actualidad en la Cinta Costera, con una extensión de 1.8 kilómetros y con un costo de 120 millones de balboas, ejecutable en un término de 3 años. El dinero provendría de las arcas municipales, alimentadas directamente con nuestros impuestos.

El proyecto no sólo ha concitado un amplio rechazo de la población, sino que la anunciada consulta ha sido objeto de sendos recursos legales que cuestionan tanto su legalidad como su constitucionalidad.

Y no es para menos. No se trata simplemente de hacer ‘taquilla' sacando bajo la manga, un supuesto as, con el argumento de que se emularían las playas de la Barceloneta o Copacabana. Hay que dar los sustentos técnicos de rigor, así como la justificación de los beneficios sociales que generaría a los panameños.

No se ha dado respuesta, por ejemplo, a la interrogante de dónde vendrían los cientos de toneladas de arena que se necesitarían para los rellenos y para su mantenimiento; ni cómo se haría frente al aumento del nivel mar que supondría el cambio climático; ni cómo se podría materializar una playa en el 2023, sin poder bañarse en sus aguas hasta el 2050 (fecha en que las aguas de la bahía estarían saneadas, según la Oficina de Saneamiento de la Bahía, La Estrella de Panamá, 24/2/20).

Bien se ha dicho que los 120 millones se podrían invertir en necesidades acuciantes del cerca de un millón de habitantes que tiene el Distrito, en materia de trabajo, educación, seguridad, entre otros.

En cuanto a la consulta convocada, no sólo no cumple con los presupuestos de la Ley de descentralización de la Administración Pública, en lo que respecta a la transparencia y al acceso a la información, sino que tampoco se atiene a la Constitución Política, que aunque no es la panacea en materia de participación ciudadana, sí contiene un artículo (el 239) que obliga a una consulta formal y vinculante, y no improvisada, ya sea por iniciativa popular o referéndum, cuando se trate de asuntos de interés municipal.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA