Por la declaratoria del Día del Desaparecido

 

Por la declaratoria del día del desaparecido




El Siglo, martes 19 de abril de 2022 

El 20 de diciembre sería uno de los 3 días considerados de duelo nacional

El presidente de la República sancionó en días pasados, la Ley 291, que ‘adopta medidas de concientización nacional sobre el 20 de diciembre de 1989'.

El 20 de diciembre sería uno de los 3 días considerados de duelo nacional, junto con el Viernes Santo y el 9 de enero, por el Código de Trabajo.

Éste había sido un clamor de la ciudadanía durante 32 años años consecutivos, desde aquel fatídico suceso. La precitada Ley busca preservar la memoria histórica, obligando en las clases de historia que se impartan en los centros educativos a ‘enseñar las causas, sucesos y consecuencias de la invasión del 20 de diciembre de 1989'; al igual que construir un Monumento a los Caídos en el barrio de El Chorrillo; así como levantar la estadística de los fallecidos en el próximo censo nacional.

Para ‘saldar la deuda con la Patria' (palabras de Cortizo) hay que honrar también los compromisos de Estado adquiridos a través de los Acuerdos de Solución Amistosa firmados el 24 de mayo y el 21 de junio de 2019, con el Comité de Familiares de Desparecidos de Chiriquí (COFADECHI) y el Comité de Familiares de Desaparecidos de Panamá Hector Gallego (COFADEPA-HG), respectivamente; y avalados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Se trata del Caso 13.017 que se abrió en la CIDH, en virtud de petición formulada en el 2003 a favor de asesinados y desaparecidos entre 1968 y 1989, acreditados por la Comisión de la Verdad a través de Informe Especial presentado en el 2002, el cual arrojó a cerca de 110 personas víctimas del gobierno militar.

Dichos Acuerdos contemplan: la declaratoria de un Día Nacional del Asesinado y Desaparecido (que sería el 9 de junio, día de la desaparición de Héctor Gallego); la preservación de la memoria histórica de estos hechos; el análisis de ADN a las osamentas del IMELCF; la construcción de un Monumento a las víctimas; la inclusión de la categoría ‘desaparecidos' como causa de muerte, en el registro de defunciones del Tribunal Electoral; la realización de un acto de Perdón y Reconocimiento de Responsabilidad Internacional; la investigación y sanción a los responsables; y la reparación económica a los familiares de las víctimas.

Justicia es ‘dar a cada uno lo suyo', sentenció Ulpiano en la Roma antigua. El gobierno actual debe dar cumplimiento a estos Acuerdos.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA

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