Por una consulta vinculante del contrato minero
Por una consulta vinculante del contrato minero
Con el acuerdo reciente entre el gobierno nacional y Minera Panamá pareciera que estuviésemos reeditando la historia del tratado Hay-Bunay Varilla: legitimación del enclave y sin enmendar el vicio de origen del Contrato-Ley No 9 de 1997, por el cual se le dio la concesión a Petaquilla Minerals, hoy Minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Minerals.
Y es que este Contrato-Ley fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 21/12/17, por estimar que no había habido de por medio licitación pública. Casi 4 años después fue publicado el fallo en Gaceta Oficial (el 22 de diciembre de 2021), retraso que favoreció a la compañía extractiva, la cual no interrumpió operaciones.
Sin llamar a licitación pública, las autoridades gubernamentales emprendieron negociaciones con la misma, anunciando el gobierno un acuerdo inicial en enero de 2022, el cual no cuajó, de manera que hasta se declaró un cierre de operaciones comerciales de la Minera por parte del MICI, a fines del año pasado. 14 meses después, el gobierno y la empresa anuncian un acuerdo, que deberá ser sometido a aprobación del Consejo de Gabinete, Contraloría y Asamblea Nacional, no sin antes dar un espacio de 30 días para una “consulta no vinculante” a través de la plataforma Ágora.
Lo convenido: duración de 20 años, prorrogable por 20 años o con prórrogas adicionales negociadas; ingreso mínimo de $375 millones anuales, condicionado a que no haya casos de fuerza mayor; la supervisión estatal en materias ambiental, laboral y de las operaciones se limita a una oficina de 6 funcionarios en el área; se otorga una superficie adicional de cerca de 5,000 hectáreas para servidumbre; se prohíbe el sobrevuelo en el espacio aéreo sobre la mina; se exonera a la minera del impuesto de importación de bienes; se le otorga un crédito fiscal por 37.5 millones anuales; entre otras cosas.
Compartimos la postura del “Movimiento Panamá vale más sin Minería”, de rechazo a la minería metálica en el país, pues los daños ambientales que provoca la misma son irreversibles. Legalmente lo que procede es una licitación, tal como lo definió la CSJ en su momento. Y, en todo caso, una consulta pública enteramente vinculante o un referéndum, tal como lo señaló el Procurador de la Administración, en carta pública al Ministro de Comercio e Industrias (MICI). Que no se diga que el contrato minero fue un contrato que no gozó de la aquiescencia del pueblo panameño, como pasó con el Bunau-Varilla.
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