El Estado de Derecho en crisis
El estado de derecho en crisis
martes 7 de noviembre de 2023
El tema minero ha puesto en jaque la legitimidad de los 3 poderes del Estado
El tema minero ha puesto en jaque la legitimidad de los 3 poderes del Estado. El Ejecutivo, por insistir en someter a aprobación del Legislativo un contrato minero con visos de inconstitucionalidad, y por no tomar en cuenta la opinión de la ciudadanía. El Legislativo por aprobar ese contrato a tambor batiente, a pesar del descontento popular. El Judicial, por demorarse 20 años en resolver demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 9 de 1997 que aprobaba el contrato anterior, y 4 años en publicar los fallos. Ambos poderes en desacato de estos Fallos, y el Órgano Judicial que no acoge la solicitud de desacato ni investiga el abuso de autoridad de estas autoridades.
Aunque la crisis tuvo su arrastre en los diversos gobiernos que se sucedieron desde aquel entonces, donde los 3 poderes coludidos en la corrupción permitieron que se desarrollara una actividad económica de esa envergadura, con un irrisorio beneficio económico, con consecuencias ecológicas desastrosas y a espaldas del Estado de Derecho que debe imperar, provocando un descrédito total en la ciudadanía.
Ésta sigue presionando en las calles para la derogatoria absoluta de la Ley 406 en el Legislativo o su declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte, a pesar de maniobras para la desmovilización popular subrepticias o abiertas. La propuesta del Presidente de formalizar una consulta popular fue descartada, pues ya el pueblo ha dicho alto y claro en las protestas: ¡No a la Minería!
La moratoria minera consagrada en la nueva Ley 407 ha sido estimada como un triunfo por parte de organizaciones ambientalistas, en tanto impide el otorgamiento de 103 solicitudes de concesión y no renueva o prorroga concesiones metálicas ya realizadas (11 vencidas que no serán renovadas o prorrogadas). Sin embargo, aun cuando se cumpliera íntegramente, lo mismo que la Ley 339 de 2022 de protección de la cuenca del río Santa María, deja vivo el actual proyecto de Minera Panamá. Aunque éste fuera declarado inconstitucional, otros gobiernos pudieran resucitar la explotación del yacimiento, por lo que urge una ley de prohibición de la minería a cielo abierto en el país y así se consagre también en una nueva Constitución.
La institucionalidad resguardada por el actual texto constitucional y los poderes hegemónicos ha sido cuestionada en las calles. La crisis de los 3 poderes sólo se podrá solventar a través de una Constituyente que establezca nuevas reglas del juego que garanticen una real democracia social participativa.
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