EL COSTO DE LA PRIVATIZACIÓN DE LA LUZ
El costo de la privatización de la luz
El Siglo, martes 17 de julio de 2018
El 5 de julio pasado fue anunciado el alza de la tarifa de energía eléctrica en un 8.3%, aplicable supuestamente al 25% de consumidores (que consumen más de 300 kilovatios hora/mes), pero que, en la práctica, afectaría a toda la población, tomando en cuenta que el incremento sería trasladado a todos los consumidores, a través de un alza general de bienes y servicios que se provocaría y que implicaría una disminución del salario real.
El rechazo amplio y categórico de diversos sectores (trabajadores, empresarios, consumidores, docentes, estudiantes, profesionales, partidos políticos, ciudadanos independientes, etc) a tal medida provocó que el Presidente de la República ordenara a la ASEP, la suspensión del incremento, ASUMIENDO TODOS LOS PANAMEÑOS, a través de nuestros impuestos, el subsidio estatal por B/ 60 millones, hasta tanto la Asamblea Nacional apruebe la dispensa fiscal por B/ 300 millones que solicita el Ejecutivo.
Los panameños comunes sentimos que era totalmente INJUSTO pagar por la irresponsabilidad de funcionarios que en su momento retrasaron la puesta en ejecución de la construcción de la tercera línea de transmisión de electricidad, lo cual provocó un retraso de 4 años en el inicio de operaciones y provocó costos adicionales para lograr su funcionamiento en octubre de este año. ¿Y dónde quedaron las responsabilidades penales y civiles de estos funcionarios por las consecuencias de sus actos, por acción u omisión? ¿Por qué la Procuradora General de la Nación no ha iniciado de oficio una investigación al respecto? ¿Y qué paso con las promesas de ETESA del 2015, de que las tarifas se mantendrían estableces por 15 años?
No sólo preocupa el conflicto de intereses de los funcionarios al frente de ASEP y ETESA, sino también el hecho de que desde que fue privatizado el IRHE, el norte de quienes nos han gobernado ha sido el rédito privado y no el bien común, sólo así se explica que la energía vendida a Centroamérica, por el exceso que producimos, sea ofrecida a precios más bajos de los que pagamos en Panamá.
No debemos olvidar que es el Estado el que debe garantizar el servicio público de electricidad, y que por razones de eficiencia lo puede concesionar al sector privado, así como renacionalizarlo. Pero no puede ser al revés: utilizar al Estado permanentemente para hacer negocios, a costa de la colectividad.
Anayansi Turner
Abogada y docente universitaria
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