La Justicia en crisis letal

El Siglo, martes 20 de agosto de 2019 

Haremos algunas acotaciones sobre sus efectos para la administración de justicia en general

No nos adentraremos en la intríngulis del caso Martinelli que concluyó con un veredicto de ‘no culpabilidad' a favor suyo, a pesar de existir víctimas, pinchazos y aparatos pinchadores.

Haremos algunas acotaciones sobre sus efectos para la administración de justicia en general.

Hace 105 años, Francesco Carnelutti hacía la distinción entre verdad procesal y verdad material, pero no para justificar el distanciamiento entre ellas, sino para subrayar la importancia de la prueba en el proceso judicial.

Uno de los fines del Derecho debería ser la averiguación y verificación de la verdad material, pero garantizando la igualdad de las partes ante la Ley, así como la imparcialidad e independencia de los tribunales destinados a su interpretación y aplicación, de allí la importancia de la normatividad procesal.

Ésta última ha estado investida de formalismos jurídicos a lo largo de los tiempos que han enmarañado el cumplimiento de la justicia y la han hecho onerosa; tendiéndose en la actualidad, hacia la sencillez, gratuidad y oralidad en los procesos.

Cuando no hay coincidencia entre la verdad material y la verdad procesal podemos inferir que ha habido arbitrariedad y discrecionalidad de parte del juzgador. Si la desvinculación entre ambos tipos de verdades es tal que impregna todo el sistema judicial estamos en presencia de regímenes autoritarios, donde el aparato judicial es un simple instrumento para el ejercicio del poder y la corrupción.

Siempre se ha hablado de tráfico de influencias en nuestro sistema de justicia. Sin embargo, la impunidad que se ha impuesto en los escándalos de corrupción mayúsculos en los últimos años revela un crítico deterioro de la justicia panameña, que tiene relación no sólo con el hecho de la interferen cia permanente del Ejecutivo en la misma –ya sea a través del nombramiento de los Magistrados de la Corte o el establecimiento de entes de investigación paralelos- , sino con la mercantilización de los fallos donde el poder de las grandes empresas o empresarios se impone a toda costa.

La impunidad rampante –en temas de corrupción- se hizo presente, primero, con los pactos de gobernabilidad entre presidentes saliente y entrante (no se investigan mutuamente) y, ahora, con las guerras entre mandatarios. Y no se vislumbra su superación con la propuesta de reformas constitucionales en la Asamblea Nacional, que sigue supeditando la administración de justicia al Ejecutivo, aunque se hable de ternas.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA