Narcopolítica

 

LA NARCOPOLÍTICA



El Siglo, martes 6 de octubre de 2020 
Ya ha habido antecedentes en el país, de aportes económicos de dinero procedente de actividades ilícitas

En poco más de un mes se han producido situaciones de posible involucramiento de cerca de 5 dirigentes del partido gobernante con el narcotráfico, ya sea porque aparecieron asesinados en el Corredor Sur o en Pacora por aparente ajuste de cuentas; o porque fueron sorprendidos en sus vehículos con cargamentos de drogas o altas sumas de dinero en efectivo.

Ya ha habido antecedentes en el país, de aportes económicos de dinero procedente de actividades ilícitas, a campañas político electorales, como lo fueron, en su momento, los realizados por David Murcia Guzmán, condenado por lavado de dinero en Colombia; ni hablar de los escándalos de corrupción en que ha estado envuelta la constructora  Odebrecht y los gobiernos de la región, incluyendo los panameños, más recientemente.

Esto pone, una vez más, en el tapete del debate público, la procedencia del financiamiento de los partidos políticos.   En nuestro país, el financiamiento es mixto, procedente de fuentes públicas y privadas.  

En el caso del financiamiento privado, los partidos tienen el deber de dar a conocer el origen de las contribuciones; existen prohibiciones con respecto a las fuentes internacionales y de carácter anónimo; además de existir topes establecidos por el Código Electoral. Sin embargo, no existe mayor rigor en la aplicabilidad de estas obligaciones, así como en las sanciones por su inobservancia.

Los recursos que provienen del sector privado para las campañas políticas son fuente de corrupción, en tanto son vistas como “inversiones” que luego los gobernantes deben devolver con dividendos.  Se trata de la mercantilización de la política, incluyendo el clientelismo que carcome la política criolla, lo que ya de por sí es cuestionable, pero mucho más  cuando dichos recursos proceden de fuentes ilícitas, entre ellas, el narcotráfico.

Nos dice Kevin Casas-Zamora que: “La regla es que, en la realidad, en casi todos los países latinoamericanos el financiamiento político se controla mal y se sabe muy poco sobre quién financia las campañas… El riesgo de penetración (del crimen organizado) es considerable y se está manifestando en todos los ciclos electorales”.

Por ello coincidimos con diversas voces que desde la sociedad civil claman para que las campañas electorales sean financiadas totalmente por el Estado.  Asimismo urge una reformulación de todo el sistema electoral panameño, para caminar hacia una democracia participativa, lo cual será posible con una nueva Constitución.

Anayansi Turner

Abogada y docente universitaria



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