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Mostrando las entradas de febrero, 2021

Caso Albergues: Responsabilidad del Estado

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Caso albergues: responsabilidad del Estado El Siglo, martes 23 de febrero de 2021 Los albergues investigados fueron descritos por Alonso Ramos, integrante del equipo técnico de la Comisión, como ‘mazmorras de la edad media La Comisión de Asuntos de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea entregó al Ministerio Público, el pasado 15/2/21, un Informe de 700 páginas, que detalla abusos contra menores al menos en 11 de los 14 albergues examinados (de un total de 54) bajo supervisión estatal, para que se den las investigaciones penales correspondientes. Dicha Comisión señaló: ‘Constatamos que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltrato físico a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual' (LP, 18/2/21). Los albergues investigados fueron descritos por Alonso Ramos, integrante del equipo técnico de la Comisión, como ‘mazmorras de la edad media en pleno siglo XXI'. No fueron supervisad

La población debe evaluar el funcionamiento de la CSS

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  La población debe evaluar el funcionamiento de la CSS El Siglo, martes 16 de febrero de 2021 Asimismo otra Mesa de discusión se refiere a los trabajadores informales: éstos constituyen el 53% de la población ocupada El artículo 116 constitucional señala que ‘las comunidades tienen el deber y el derecho de participar en la planificación, ejecución y evaluación de los distintos programas de salud', es decir, toda la población. Con la instalación del Diálogo por la Caja de Seguro Social llama la atención que no se encuentren representados o lo estén insuficientemente, sectores relevantes de la sociedad panameña como los profesionales, obreros de la construcción, indígenas, campesinos, afrodescendientes, pobladores de las comunidades, juventud, mujeres, jubilados. Precisamente, un tema a debatir es el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, dado que las reservas del fondo de pensiones se agotarían en el 2025, según último informe de la Junta Técnica Actuarial. Los jubilados y pensiona

20 Años de la sentencia de la CIDH en el caso Ricardo Baena y otros -vs- Panamá

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  20 años de la sentencia de la CIDH en el caso Ricardo Baena y otros –vs- Panamá  El Siglo, martes 9 de febrero de 2021  Fue la primera sentencia de condena al Estado panameño y la primera decisión emitida por ese organismo por violación de derechos sociales  El pasado 2 de febrero se cumplieron 20 años de haber sido dictada la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Ricardo Baena y otros –vs- Panamá. Fue la primera sentencia de condena al Estado panameño y la primera decisión emitida por ese organismo por violación de derechos sociales inclusive. Un año después de la invasión norteamericana, el gobierno de Endara dicta la Ley No 25 de 14/12/90, a través de la cual se despiden a 270 trabajadores de empresas estatales y entidades públicas, aduciendo que habían atentado “contra la democracia y el orden constitucional”. En realidad se trataba de una persecución política, pues la Coordinadora de Sindicatos del Estado que se había organizado, presentó al

Testimonio de Gilberto Velásquez. Aportes para una Historia de Vanguardia de Acción Nacional.

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  Testimonio de Gilberto Velásquez. Aportes para una historia de Vanguardia de Acción Nacional El Siglo, martes 2 de febrero de 2021  Se trata de un rescate de la historia de ese colectivo, que tuvo actividad política por más de diez años consecutivos El libro: “Testimonio de Gilberto Velásquez.  Aportes para una historia de Vanguardia de Acción Nacional (VAN)”, editado bajo la responsabilidad de Olmedo Beluche y mi persona (Imprenta Articsa, Panamá, 2020, 105 pp.), recién ha visto la luz, en medio de las vicisitudes de la pandemia. Se trata de un rescate de la historia de ese colectivo, que tuvo actividad política por más de diez años consecutivos, durante toda la década de los sesentas, y que se definía como “organización de carácter nacionalista y popular”, reconocida como partido político en 1961, pero ilegalizada en 1962 y vigente hasta 1969, cuando se unió con el Movimiento de Unidad Revolucionaria, para constituir el Frente de Resistencia Popular primero y el Movimiento de Liber