Presión fiscal a las profesiones liberales y no a las empresas de gran capital
Presión fiscal a las profesiones liberales y no a las empresas de gran capital
Mientras Panamá es de los países de más bajo nivel de recaudación fiscal del continente (9% del PIB) y donde la evasión y elusión tributarias son escandalosas por parte de las grandes empresas, el gobierno se ensaña con el sector profesional, a través de la expedición de la ley 256 de 26 de noviembre de 2021.
En efecto, el economista Juan Jované ha revelado que, según la propia información de la Dirección General de Ingresos (DGI), la evasión del impuesto sobre la renta de las personas jurídicas, entre el 2009 y el 2019, ha sido de B/ 34,968.3 millones, o sea, el 6.4% del PIB. Y, en cuanto al ITBMS, la evasión en el mismo período alcanza la cifra de B/ 11,455 millones, lo cual representa un promedio anual de 2% del PIB. (La Estrella de Panamá, 3/10/21).
La ley 256, sobre medidas tributarias, introduce el Sistema de Facturación Electrónica de Panamá (SFEP) a partir de este enero de 2022, para la facturación de ventas de bienes y servicios por parte de quienes ejercen profesiones liberales, artesanales y artísticas, sin haberles consultado a la hora de su expedición, afectando la confidencialidad entre estos profesionales y sus clientes y estableciendo sanciones excesivas y arbitrarias, como multas onerosas y el cierre del establecimiento, por el no acatamiento de la misma.
El CNA y FEDAP han considerado que esta Ley es un grave atentado contra el ejercicio de las profesiones liberales y que viola el artículo 40 constitucional que dice que: ‘no se establecerá impuesto o contribución para el ejercicio de las profesiones liberales y de los oficios y las artes'; por lo cual se procedió a presentar los recursos correspondientes en medio de la movilización de los profesionales descontentos y, sobre todo, de los abogados, en el día de ayer.
Aunque organismos como la CEPAL están recomendando afrontar la pandemia eliminando la evasión y gravando la riqueza, entre otras medidas, el gobierno panameño deja recaer el peso fiscal sobre los sectores profesionales medios y proletarizados a fin de dar una imagen ante entidades como la OCDE y el GAFI, para que nos saquen de las listas grises, mientras aprueba leyes como la 159 de 2020 que le da toda suerte de facilidades y exoneraciones fiscales a las empresas multinacionales dedicadas a la manufactura.
ANAYANSI TURNER
ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA EN UP
Queda demostrado una vez más la incapacidad de los dueños del gran capital en Panamá, de la falta de iniciativa y desprecio hacia quienes multiplican sus ganancia, los trabajador@s.
ResponderBorrarSólo nos queda a los sectores populares y profesionales, seguir organizando y proponiendo hasta alcanzar una propuesta política honesta, de cara al desarrollo y crecimiento real de nuestra Nación.