Esterilización forzada: delito de lesa humanidad
Esterilización forzada:
delito de lesa humanidad
Exigimos investigación a fondo y justicia para las mujeres víctimas de estos hechos
La develación de posibles situaciones de esterilización forzada en hospital público, por parte de la diputada independiente, Walkiria Chandler, durante sesión de comisión parlamentaria del pasado 15 de febrero, es sumamente grave y preocupante.
Se trata de denuncias que le hicieran diez o doce mujeres de Charco la Pava, Bocas del Toro, a la Comisión, el pasado 26 de octubre, en gira que realizara para investigar brotes de leshmaniasis en esta comunidad indígena. Las denuncias se pusieron en conocimiento del Ministro de Salud; y, ante la falta de respuesta desde entonces, la diputada interrogó a la viceministra de esa cartera, durante su comparecencia a la Asamblea, evadiéndose el abordaje del tema por parte de la misma, así como por parte de la Vicepresidenta de la Comisión. Aunque esta última procedió a presentar la denuncia penal correspondiente ante el Ministerio Público, dos días después.
Es sumamente grave porque la esterilización sin el consentimiento de la persona es un delito de lesa humanidad, establecido en el Estatuto de Roma (artículo 7, g) y en nuestro Código Penal (artículo 441, 7), con penas severas, por lo que ameritaba una investigación inmediata apenas se tuvo conocimiento de los hechos.
La Ley 7 de 2013, sobre esterilización femenina, establece un régimen diferenciado de la mujer (tener 23 años, dos o más hijos y dictamen médico), con respecto al varón (sólo ser mayor de edad), por lo cual la estimamos inconstitucional (aunque la Corte Suprema no la haya considerado así). Sin embargo, es muy clara en cuanto a que se requiere consentimiento informado.
Es preocupante porque este tipo de prácticas ha debido ser desterrado de la faz de la tierra, desde los juicios de Nüremberg, en que fueron condenadas.
En el Perú, el año pasado, después de una ardua batalla de las víctimas, se llamó a juicio al expresidente, Alberto Fujimori, junto con tres exministros de salud, por esterilizaciones forzadas a más de 1,300 mujeres (los afectados podrían ser más de 270,000 mujeres y 22,000 hombres), entre 1996-2000, dentro de una política que buscaba ‘reducir la pobreza' por medio de la disminución de la tasa de natalidad, sobre todo dirigida a mujeres campesinas e indígenas.
¡Exigimos investigación a fondo y justicia para las mujeres víctimas de estos hechos, triplemente discriminadas: por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres!
ANAYANSI TURNER
ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA
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