Obedézcase, pero no se cumpla
Obedézcase, pero no se cumpla
Sirva la expresión para retratar la afectación del Estado de Derecho en nuestro país.
Aunque pareciera un contrasentido, esta frase era utilizada comúnmente en la Baja Edad Media para referirse a la situación en la cual las disposiciones expedidas por el Rey de España no se aplicaban en sus colonias, por considerarlas contrarias a las leyes o costumbres propias, salvaguardando la autoridad legítima del monarca a la hora de emitirlas, sin que afectara la eficacia de las normas del lugar. Debía entenderse también como una especie de recurso de suplicación al Rey para que revisara la norma advertida de injusta, tiempo en el cual se suspendía, hasta que se diera la resolución final para proceder a su aplicación.
En todo caso sirva la expresión para retratar la afectación del Estado de Derecho en nuestro país, agravada por la pandemia (coyuntura en la que estuvimos gobernados eminentemente por Decretos Ejecutivos); por el latrocinio de cuello blanco con respecto a las arcas públicas; por la impunidad reinante frente a los diversos escándalos de corrupción; por la inseguridad ciudadana creciente, agravada con 4 asaltos a bancos y joyerías en los últimos 2 meses.
Las grietas al Estado de Derecho van más allá del incumplimiento de la normatividad existente, pues comprende el cuestionamiento social del contenido de las leyes (para beneficio de intereses particulares) y de la legitimidad institucional (donde no funciona el sistema de pesos y contrapesos ni mecanismos de fiscalización y control). El principio de que “la ley es igual para todos” es cada vez más un eufemismo, pues la misma se aplica según la clase social a la cual se pertenezca.
En esta dirección, la Corte Suprema de Justicia ha emitido últimamente dictámenes que han avalado actuaciones arbitrarias del Ejecutivo, como lo son los Fallos del 7 de octubre de 2021 (que declara constitucional la Resolución de Gabinete No 11 de 2020, que establece el estado de emergencia nacional) y del 12 de septiembre de 2022 (que declara constitucional la Resolución del Ministerio de la Presidencia No 71 de 2021 que blinda al Consejo de Gabinete por 10 años).
Aunque se quiera ver como pan de cada día el “obedézcase pero no se cumpla” y se aspire a legitimar el poder político y económico vía electoral, lo cierto es que se camina peligrosamente hacia un Estado fallido, donde las carencias de la población no importan, en medio del derroche y privilegios de pocos.
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