Contrato minero a plebiscito nacional
Contrato minero a plebiscito nacional
El descontento de la población y de los movimientos sociales es tal que la manipulación en las llamadas ‘consultas' gubernamentales ha quedado al descubierto
Los asuntos de envergadura de las naciones son sometidos a consulta ciudadana directa. Tales son los casos de Reino Unido con respecto al Brexit (2016); Suiza, con sus consultas permanentes anuales sobre diversos temas; Chile, acerca de un nuevo texto constitucional (2022); México sobre revocatoria de mandato al Presidente de la República (2022).
En el caso de Panamá contamos con una regulación insuficiente con relación a este tema. En la Constitución existe una que otra norma (el artículo 239 que permite consultas distritales, el 314 que obliga a someter a referéndum el texto constitucional que surja de una Constituyente paralela y el 325 que hace obligatorio un referéndum relativo a los tratados sobre el Canal).
Sin embargo, toda consulta directa al querer ciudadano es válida y amplía nuestros derechos de participación política (artículo 17 constitucional), a la vez que fortalece la vocación democrática de los gobernantes.
En lo que respecta al contrato minero, el Presidente, luego de llegar a un acuerdo con Minera Panamá, sometió el mismo a una consulta ‘no vinculante' por 30 días en la plataforma Ágora. Posteriormente, el Consejo de Gabinete le da su aprobación y lo lleva a consideración de la Asamblea Nacional, para su rechazo o ratificación.
Al seno de la cámara parlamentaria, la Comisión de Comercio se declaró en sesión permanente y dio inicio a la llamada participación ciudadana, la cual tenía 221 inscritos para opinar sobre el contrato. Fueron significativas las intervenciones de representantes de la sociedad civil en general en contra del acuerdo minero. Lastimosamente se dieron situaciones favorecidas por el Presidente de la Comisión, donde se dio prelación a los empleados de la Minera, ya sea en el uso de la palabra, en la reserva de asientos en la sala y hasta la posibilidad de contar con área especial de descanso y alimentos.
En las afueras de las instalaciones se escenificaron protestas en contra del contrato minero, por parte de diversos sectores organizados, mismas que fueron reprimidas con bombas lacrimógenas y gas pimienta. Y esta semana continúan las manifestaciones de disconformidad con un acuerdo que reproduce las mismas falencias que dieron pie a que el contrato anterior fuera declarado inconstitucional por la Corte en el 2017 y que reedita la conculcación de la soberanía del Tratado Hay-Bunau Varilla.
5 de los 10 candidatos presidenciales ya se han pronunciado en contra de este contrato. En la Universidad de Panamá, en una consulta realizada el 24 de agosto pasado a 701 estudiantes, por parte de Reforma Estudiantil, el 93% se manifestó en contra de tal acuerdo y el 90% en contra de la minería a cielo abierto.
El descontento de la población y de los movimientos sociales es tal que la manipulación en las llamadas ‘consultas' gubernamentales ha quedado al descubierto. ¡Por un plebiscito nacional vinculante sobre el contrato minero antes de aprobarse la Ley!
Cfr. artículos de la autora sobre este tema en el diario El Siglo del 4/6/19, 1/6/21, 8/2/22, 26/4/22, 3/1/23.
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