Sobre los resultados electorales en la UP

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  El Siglo,  martes 21 de julio de 2026 

Anayansi Turner

En las elecciones del 1º de julio pasado, en la Universidad de Panamá, ganó la ponderación del voto monopolizado por los docentes: es decir, fundamentalmente 3,844 profesores decidieron quiénes serían las nuevas autoridades universitarias, de una totalidad de 59,999 electores (que incluye también estudiantes y administrativos), toda vez que cuentan con un peso decisivo del 60% en el voto ponderado de esta casa de educación superior. O sea, que el 6% del total de votantes decide la suerte de la institución.

Esto explica la apatía de los estudiantes a la hora de acudir a las urnas: sólo el 44% de los habilitados para votar lo hicieron, resultando baja la participación estudiantil en el torneo electoral. A diferencia de la participación docente y de administrativos, que fue del 95%.

Por otro lado, aunque no prosperó la ley de no reelección de autoridades en la Asamblea Nacional, el electorado decidió favorecer a caras nuevas: de 16 Decanos, 11 son nuevas autoridades y 5 son reelectos; de 7 Directores de Centros Regionales (CRUs), sólo 3 fueron reelectos. Asimismo, 7 autoridades máximas en las Facultades son mujeres, así como lo son en 3 de los CRUs.

Ante la desunión de los candidatos a Rector que adversaban a la gestión actual universitaria, triunfa el candidato oficial, quien ha sido el número dos de la Administración de los últimos diez años.

El sistema clientelar, vigente a nivel nacional, también ha permeado a la Universidad y, aunque hayan existido buenas intenciones de candidatos y autoridades electas, se enfrentan a un sistema donde no hay cabida a propuestas de cambios estructurales sino canje de votos por prebendas, apuntalado por la reelección indefinida y la ponderación electoral, con una centralización de poder y ausencia de participación real de los diversos estamentos en los órganos de gobierno, con una disminución sustancial del presupuesto universitario y con intereses de sectores externos de desmovilizar y acallar las voces críticas universitarias.

Los objetivos de modernización académica, mejoramiento de la infraestructura y obtención de un presupuesto cónsono con las necesidades de la UP no pueden darse al margen de esos cambios estructurales por los cuales hay que seguir luchando, sobre la base de un amplio consenso y respetando el pluralismo político, sin dejar de defender la autonomía y cogobierno a lo interno de la institución y sin dejar de ser conciencia crítica, a lo externo.