¿Crisis del presidencialismo?

El Siglo, sábado 10 de febrero de 2018 

En los cuatro años del actual período de gobierno, la Asamblea ha ratificado todos los nombramientos del Ejecutivo

El rechazo reciente por parte de la Asamblea Nacional de la designación realizada por el Ejecutivo de dos Magistradas a la Corte Suprema de Justicia, puso en crisis el mecanismo de elección de quienes presiden el Órgano Judicial, consagrado en el artículo 200 de nuestra Constitución Política.

Y es que la premisa de dicho artículo es el presidencialismo imperante en nuestro sistema político: el Consejo de Gabinete acuerda con el Presidente de la República los nombramientos de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, decisión que debe ser ratificada por el Legislativo, aval que siempre se ha dado en la historia política de nuestro país. En este sentido, la independencia de los tres órganos del Estado ha sido más retórica formal que realidad práctica.

En los cuatro años del actual período de gobierno, la Asamblea ha ratificado todos los nombramientos del Ejecutivo y hecho suyas las propuestas de éste, aún en las situaciones donde le correspondía nombrar por sí sola (Defensor del Pueblo, Contralor, Magistrados del Tribunal Electoral). Sin embargo, en esta excepcional ocasión desobedeció el mandato del Ejecutivo.

Las causas reales, en nuestro concepto, no fueron la incapacidad, parcialidad o vínculos políticos de las candidatas, argumentados por los 52 diputados que votaron NO. Sino, por un lado, la corrupción rampante que la ciudadanía asocia directamente con la impunidad. Y, por el otro lado, el posicionamiento de los partidos políticos PRD, CD y MOLIRENA como ‘oposición' al gobierno actual, de cara a las próximas elecciones.

La población panameña ha llegado a su límite de tolerancia a la corrupción, entendiendo que en ésta están involucrados todos los gobiernos y que el sistema judicial ha sido incapaz en investigar y castigar ejemplarmente a los corruptos. Los diputados que hicieron alianza con el partido gobernante (para permitir la ‘gobernabilidad'), hoy cuestionan esta designación, para sintonizarse con el sentir del pueblo y, de esta manera, tratar de asegurarse votos en la próxima contienda.

El prescindir de la consulta ciudadana sugerida por el Pacto de Estado por la Justicia y a la cual se comprometió el Presidente de la República en campaña, junto con la indignación de la población por el tema de la corrupción, amenazan en convertir la crisis del mecanismo de elección de magistrados de la CSJ, en crisis del presidencialismo panameño.

Anayansi Turner
Abogada y docente universitaria

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