El revolcón de la justicia

El Siglo, martes 23 de octubre de 2018

Debemos caminar hacia un modelo de magistraturas democráticas de derecho, con base a las experiencias italiana y hasta cierto punto francesa y española

Con el presente título queremos hacer alusión a los cambios profundos que han de introducirse al sistema de administración de justicia en el país, parafraseando a José Salvador Muñoz.

Aunque los escándalos de corrupción son de vieja data en los sucesivos gobiernos, lo cierto es que cada vez se hacen más recurrentes y de mayores dimensiones, envolviendo a quienes deben investigarlos, derivando, de esta manera, en situaciones de grave impunidad.

El Pacto de Estado por la Justicia celebrado en el 2005 fue un compromiso nacional por un sistema judicial independiente, transparente y eficiente, que implicara reformas constitucionales cruciales en lo que respecta al nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, fue ignorado desde aquella fecha hasta el presente. Hoy, sectores empresariales plantean cambios cosméticos que no resolverán el problema de fondo de la justicia.

Como ha señalado Zaffaroni, la independencia del Órgano Judicial no puede estar garantizada por personas que dependen del Ejecutivo (no merecen el nombre de jueces, sino de empleados públicos) y tampoco por personas que dependan del órgano supremo del Judicial (que serían más bien amanuenses de este órgano supremo).

Nuestro sistema de selección de magistrados de la CSJ, de nominación mixta (Ejecutivo-Legislativo), entra dentro de lo que el jurista argentino ha denominado ‘magistraturas empírico-primitivas', es decir, derivadas del poder político, afectando la independencia e imparcialidad de la jurisdicción. Y aunque ha habido esfuerzos de instaurar una carrera judicial para los funcionarios inferiores, ésta no se termina de materializar ‘por la falta de presupuesto'.

Debemos caminar hacia un modelo de magistraturas democráticas de derecho, con base a las experiencias italiana y hasta cierto punto francesa y española, donde se asegure una capacidad mínima técnico-jurídica a través de concursos públicos de antecedentes y oposición para magistrados y jueces; donde el gobierno del Órgano Judicial encargado del nombramiento y la remoción resida en un Consejo de la Judicatura o Magistratura, conformado por una mayoría de jueces delegados por sus colegas y una minoría de juristas independientes designados por la representación popular, de manera que reconozca que todos los jueces son en principio iguales.

Asimismo, un Estado constitucional de Derecho debe implicar un Tribunal Constitucional separado de la CSJ, que sea un órgano de control, interpretación y administración de la justicia constitucional, tal como existe en la mayoría de las hermanas repúblicas latinoamericanas.

Anayansi Turner

Abogada y docente universitaria