Presidencialismo y manipulación de la justicia

El Siglo, martes 9 de octubre de 2018 

Si deplorable resultó que el CSN fuera utilizado en la administración pasada en un abierto y descarado espionaje 

La develación de una supuesta trama de manipulación de la justicia a través del Consejo de Seguridad Nacional (CSN), realizada por la periodista Adelita Coriat, la semana anterior (La Estrella de Panamá, 1-4/X/18), de ser cierta, confirmaría una vez más –aunque de manera dramática- la ausencia de independencia de las entidades que deben administrar justicia, producto del acentuado presidencialismo que permea todo el sistema político.

Si deplorable resultó que el CSN fuera utilizado en la administración pasada en un abierto y descarado espionaje contra supuestos enemigos del Presidente, también lo es que se pretendiese, ahora, a través de dicho Consejo, suplantar las labores de investigación del Ministerio Público.

Pero, ¿quién investiga a quién?, cuando hay un descrédito absoluto de todas las instituciones llamadas a dilucidar estas posibles transgresiones a la Constitución y a la Ley, llámese CSJ o Asamblea Nacional.

Seguir pensando que los problemas de la justicia se van a resolver aumentando la edad a quienes pretendan ser Magistrados de la Corte o prolongando la duración en sus cargos a 20 años, o exigiendo una mayoría calificada en la Cámara Legislativa para ratificar la propuesta de Magistrados realizada por el Ejecutivo, tal como lo hace la Cámara de Comercio, es ignorar que el mal está en el paciente y no en las sábanas.

El poder político, llámese Ejecutivo, no puede seguir determinando ni condicionando, de hecho ni de derecho, a la administración de justicia. Debemos sustraer tanto del Ejecutivo como del Legislativo la designación de los Procuradores de la Nación y de la Administración, así como los Magistrados de la CSJ; y caminar hacia la creación de un Consejo de la Magistratura o de la Judicatura, como máximo órgano administrativo de la carrera judicial, que garantice la independencia interna y externa de los Magistrados y Jueces, el cual sólo puede institucionalizarse en una nueva Carta Magna, adoptada a través de una Asamblea Constituyente plena y soberana, representativa de todos los sectores políticos y sociales del país. 

Anayansi Turner

Abogada y docente universitaria