¿NO HABRÁ INTOCABLES?
¿No habrá intocables?
El Siglo, martes 9 de julio de 2019
En su toma de posesión el pasado 1º de julio, el nuevo presidente de la República señaló lo siguiente: ‘Vamos a hacer… sin robar. No habrá intocables, ni aunque sean ministros, diputados, grandes empresarios, y empezando por el propio Presidente'.
La frase hace alusión al tema de la corrupción, el cual ha sido la gran preocupación de los panameños en el último quinquenio, desde que salieron a la luz pública, entre otros, los sobreprecios de las megaobras en el período martinellista, los salpiques millonarios de la empresa Odebrecht, el escándalo Blue Apple, las planillas 002, 072 y 080 de los diputados y, aunque ya no se mencionan, los casos de corrupción en la Universidad de Panamá.
En el último período de gobierno se prometió investigar a fondo los mismos, sin embargo, los resultados han arrojado una total impunidad de estas situaciones de asalto al erario por parte de funcionarios inescrupulosos, cerrándose los procesos o alargándose indefinidamente, revelándose irregularidades en las investigaciones y hasta ‘procuradurías paralelas'.
Iniciativas legislativas como el proyecto de ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, muerte civil a los corruptos o la acción de repetición contra los servidores públicos responsables, fueron dejadas de sancionar por el Ejecutivo o engavetadas en el Legislativo.
El actual primer mandatario planteó en su discurso tres abordajes puntuales al tema de la corrupción: un código de conducta a los servidores públicos, modificaciones a la ley de contratación pública y reformas constitucionales. Las mismas dejan la sensación de ‘un borrón y cuenta nueva' frente a los escándalos de corrupción de las administraciones pasadas.
Las prohibiciones a los funcionarios públicos de ‘no mentir, no hacer trampa, no robar ni tolerar a quien lo haga' quedan como simples enunciados retóricos ante una estructura clientelista –de dar y recibir favores- enquistada en el sistema político electoral panameño.
La modificación de excluir a las empresas condenadas por corrupción o con acuerdos de colaboración, de la contratación pública, no exculpa a los gobiernos anteriores que pudieron incluir este parámetro en los pliegos de cargos de las licitaciones y no lo hicieron.
La propuesta de reformas constitucionales de la Concertación no resuelve el problema del ultra presidencialismo que afecta directamente la independencia de los otros órganos del Estado. No se trata de la voluntad o buenas intenciones del Presidente, se trata de que ‘el poder absoluto corrompe absolutamente'.
ANAYANSI TURNER
ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA
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