OBJETAMOS EL MECANISMO, NO LAS PERSONAS

Objetamos el mecanismo, 

no las personas

El Siglo, martes 17 de diciembre de 2019  

Lo cierto es que el mecanismo para nombrar es el que objetamos, es decir, las amplísimas facultades del primer Mandatario

La imagen de una administración de justicia venal y parcializada, en la cual ha predominado una impunidad total en los casos de alto perfil, se quiere lavar con las recientes designaciones realizadas por el Ejecutivo, de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del Procurador General de la Nación, junto con sus suplentes, y ratificadas por la Asamblea Nacional, apelando a sus méritos personales y a su experiencia judicial y dentro del Ministerio Público.

Lo cierto es que el mecanismo para nombrar es el que objetamos, es decir, las amplísimas facultades del primer Mandatario plasmadas constitucionalmente y que revelan un hiper presidencialismo que atenta, en este caso, contra la independencia e imparcialidad del Órgano Judicial. ¿Y por qué no pensar que estos altos funcionarios serán leales a quién les nombra o a quién le deban el puesto, tal como revelaron los Varelaleaks?

El Proyecto de reformas constitucionales aprobado por el Legislativo en una primera legislatura incorpora la propuesta de la Concertación Nacional para el Desarrollo, que es mantener esta facultad de nombramiento por parte del Ejecutivo, con la ratificación de los diputados, pero que el Ejecutivo escoja de una terna propuesta por la propia Concertación (presidida por el mismo Presidente). Asimismo incorpora una nueva entidad de justicia que es el Tribunal Constitucional, compuesto por 5 nuevos Magistrados, escogidos de la misma manera que los Magistrados de la Corte y que tendrían a su cargo la ‘guarda de la integridad y supremacía de la Constitución Política', así como conocer las querellas o denuncias contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

A raíz de las protestas ciudadanas, el Presidente propuso sustituir la terna de la Concertación, por ‘consultas con organismos representativos de la sociedad civil, incluyendo las facultades de Derecho', a la hora de seleccionar tanto a los Magistrados de la Corte como a los del Tribunal Constitucional. O sea, más de lo mismo que se hizo en los períodos pasados con los resultados que hoy día sufrimos, de una Corte respondiendo a los grandes intereses políticos y económicos.

No es posible guardar esperanzas de que en una segunda legislatura, la Asamblea cambie sustancialmente el libreto, a pesar de los supuestos ‘diálogos' que se hicieron y se sigan haciendo. Debemos caminar hacia una Constituyente originaria, donde se puedan resolver los problemas de fondo con la justicia.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y DOCENTE