LA RETENCIÓN INDEBIDA DE CUOTAS ES UN DELITO
La retención indebida de cuotas
es un delito
En su Informe a la Nación, el director de la Caja de Seguro Social (CSS) reveló que existen 38,000 empleadores morosos (60% del total), los cuales adeudan $283 millones en concepto de cuotas obrero-patronales. Y que solo el gobierno central había pagado recientemente $421.3 millones de cuotas atrasadas de los funcionarios y de municipios.
De salida, estas cifras revelan una muy alta morosidad patronal (sectores público y privado) y una pobre capacidad coactiva de la Caja a la hora de cobrar sus cuentas pendientes ($734.9 millones), lo cual es mucho más alarmante, si tomamos en cuenta el anuncio apocalíptico de una eventual quiebra de las finanzas de la institución, en el 2023.
La cartera de morosos que aparece en el sitio: css.gob.pa/Listado%20Empleadores%20Morosos%20-%20Diciembre%202019.pdf, devela a todo tipo de empleadores, desde personas naturales hasta grandes empresas con sobrada solvencia económica.
Esta situación resulta sorprendente dados los mecanismos legales existentes en nuestra legislación, para hacerle frente a la problemática. Por un lado, hay multas, recargos e intereses acumulativos por la mora en el pago de las cuotas. Por el otro, hay una jurisdicción coactiva al seno del propio Seguro Social (cerca de 10 juzgados ejecutores) con capacidad de embargar bienes de las empresas para cobrarse lo adeudado, una vez el Departamento de Apremio y Cobro haga los trámites previos para compeler al pago. Y también se tipifica la retención indebida de cuotas, como delito, en el Código Penal, pudiéndosele aplicar al empleador moroso, una pena de prisión de 2 a 4 años.
Sin embargo, el citado Departamento se hace de la vista gorda, los juzgados coactivos del Seguro Social no se dan abasto o les toca cobrar cuentas tardías de empresas desaparecidas; y menos del 5% del total de morosos es querellado por la entidad, ante el Ministerio Público (en el 2015 se presentaron tan sólo 444 denuncias; en el 2016, unas 446; y en el 2017, 1831 querellas).
No cabe duda que hay ‘intereses creados' (complicidad de los gobiernos con los empleadores) que impiden que se cumpla el Derecho en esta materia.
Y en cuanto al empresariado nacional, su miopía les impide justipreciar la importancia de la seguridad social en la reproducción de la fuerza de trabajo y en el amortiguamiento de su responsabilidad absoluta en lo que se refiere a los riesgos profesionales.
ANAYANSI TURNER
ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA
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