Deudas con la niñez panameña
Deudas con la niñez panameña
El aumento de la edad mínima para trabajar, de 14, a 15 años, también es una deuda pendiente
El 20 de noviembre se conmemoró el Día Internacional del Niño y la Niña, fecha alusiva al día en que se aprobaron la Declaración (1959) y la Convención (1989) sobre los Derechos del Niño.
La infancia representa el 34.4% de la población total del país, y de ese porcentaje, el 38.7% vive en pobreza multidimensional, índice que aumenta dramáticamente en las áreas indígenas. Con la pandemia, la problemática se ha agravado, calculándose en 22%, el incremento de la niñez en pobreza; en 26%, el aumento de los que se han visto afectados en su atención en salud; y en 27.7%, los impactados en su seguridad alimentaria. Esta realidad se explica en función de la pérdida del poder adquisitivo de las familias, pues la ayuda estatal por la pandemia sólo representa el 20% de lo que recomienda CEPAL/OMS como ingreso individual mensual para sectores vulnerables (B/ 143 por persona al mes). (Cfr. Informes de UNICEF-Panamá de 2018 y de Juan Jované sobre el “Impacto Socioeconómico del covid-19 sobre las familias, los niños, niñas y adolescentes en Panamá” de octubre de 2020).
Aunque recientemente se aprobó la Ley No 171 de 15 de octubre de 2020, de “Protección Integral a la Primera Infancia y al Desarrollo Infantil Temprano”, lo cual consideramos un avance, aún queda un segmento de niños y niñas de 9 a 17 años desprotegido, que no cuenta con un amparo legal similar, lo cual es una deuda adquirida desde que se ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, a través de la Ley 15 de 1990.
El aumento de la edad mínima para trabajar, de 14, a 15 años, también es una deuda pendiente. Éste es un cambio constitucional y legal al cual se comprometió Panamá al ratificar el Convenio 138 de la OIT en el 2000.
En materia educativa, la situación es sumamente preocupante, pues antes de la pandemia la cobertura educativa a nivel primario era de 90% y a nivel de la media era de 52%. Ahora, con la crisis sanitaria, la deserción escolar general alcanza a 300,000 estudiantes (45 a 48% de la población escolar). Por ello nos unimos a las reclamaciones de la Coalición Nacional por la Educación, de proveer de conectividad gratuita, así como de dispositivos electrónicos, a todo estudiante del país, para garantizar el derecho a la educación.
Anayansi Turner
Abogada y docente universitaria
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