Por el Estado de Derecho Universitario

El Siglo, martes 29 de junio de 2021 

Hace 5 años, como Defensora de los Universitarios, promovimos la firma de un Pacto por los Derechos Humanos

Hace 5 años, como Defensora de los Universitarios, promovimos la firma de un Pacto por los Derechos Humanos, entre los candidatos a la Rectoría de la Universidad de Panamá, con la idea de que tal compromiso implicaba ‘desmontar el autoritarismo y centralismo reinante en administraciones pasadas, y su identificación con la real participación democrática en los órganos de gobierno universitarios'.

Y es que en períodos anteriores se utilizó el argumento de una ‘super autonomía' para perseguir a quienes nos opusimos a la voluntad omnímoda del Rector, destituyéndonos o suspendiéndonos ilegalmente de nuestros cargos, así como para evadir la aplicación de fallos de los tribunales de justicia.

No obstante, dicho criterio se ha mantenido en los últimos 5 años, evadiendo el cumplimiento de leyes que amparan derechos humanos, en las siguientes situaciones:

• Al demandar la inconstitucionalidad de las leyes que obligan a la enseñanza a nivel superior, de la Educación Ambiental, del Español, de la Historia y Geografía patrias, del Inglés y de la Historia de las Relaciones de Panamá y E.U., peticiones ampliamente rechazadas por la comunidad académica y negadas por la Corte (salvo la de Historia de las Relaciones Panamá-EU por razones formales y no por violación de la autonomía).
• Al aplicar el retiro de administrativos por jubilación, en virtud del artículo 304, literal d, del Reglamento de Carrera Administrativa (declarado inconstitucional) y en desconocimiento de la Ley 18 de 2008.
• Al no reconocer el pago de la prima de antigüedad al personal administrativo y docente que fue retirado de la Universidad, incumpliendo las Leyes 39 y 127 de 2013 y 23 de 2017 .
• No acatamiento de la Ley 7 de 2018, que adopta medidas para prevenir, prohibir y sancionar actos discriminatorios, como el acoso sexual y laboral, donde a la UP le compete fiscalizar al resto de las universidades en cuanto a la implementación de la Ley, así como dictar un reglamento interno para la atención y sanción de estas conductas.
• En cuanto a la Defensoría Universitaria no se ha cumplido el mandato de la Ley 24/05 de nombrar al Defensor Adjunto, ni se le ha dotado de estructura, reglamento y presupuesto necesarios para su funcionamiento.

Los actuales candidatos a la Rectoría deben comprometerse con el respeto del Estado de Derecho universitario, en el entendimiento de que la autonomía no puede encubrir arbitrariedad ni centralización de poder, y que la misma requiere de una auténtica democracia interna.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA