Huelga de hambre de la Coordinadora Victoriano Lorenzo
Huelga de hambre de la Coordinadora Victoriano Lorenzo
La CVL y quienes hoy ponen en riesgo su salud y su vida requieren del respaldo decidido de la población en general y la atención prioritaria por parte del gobierno para darle solución a tan acuciante problema.
Desde el pasado 26 de mayo, la Coordinadora Victoriano Lorenzo (CVL) lleva a cabo una huelga de hambre indefinida, en la Plaza Catedral, frente a la Presidencia, con la finalidad de que el gobierno cumpla sus promesas en torno a garantizar vivienda digna a quienes más lo necesitan.
Desde hace 7 años, esta Coordinadora viene dialogando con diversas instituciones gubernamentales, para obtener la legalización de las tierras ocupadas por las comunidades y obtener los títulos de propiedad. El gobierno se había comprometido a la suspensión de los desalojos en los Juzgados de Paz, sin embargo, éstos continúan realizándolos contra las personas más necesitadas y sin que haya ninguna solución de vivienda. La indignación llegó a su más alto nivel cuando las autoridades del MIVIOT les manifestaron el mismo 26 de mayo, que no podían hacer nada para impedir los desalojos.
Y es que los Jueces de Paz vienen expulsando ilegalmente a numerosas familias de comunidades de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con el auxilio de la Policía, mediante retroexcavadoras que arrasan viviendas y destruyen enseres domésticos, dejándoles literalmente en la calle.
La Constitución obliga al Estado a establecer una política nacional de vivienda que garantice este derecho social a toda la población, especialmente a los sectores de menor ingreso (artículo 117). Y el desalojo forzoso está prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos. Es definido por el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la ONU como: “el hecho de hacer salir a personas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”.
Datos del MIVIOT, bastante conservadores, dan cuenta de un déficit habitacional de 200,000 viviendas, afectando mayormente a los sectores de mayor pobreza multidimensional, por lo cual se ven compelidos a realizar invasiones de tierras públicas o privadas que se mantienen ociosas, para solucionar su necesidad de vivienda. La misma fuente habla de la existencia de 395 asentamientos informales en todo el país, representando a 53,479 familias (La Estrella de Panamá, 25/x/20).
La CVL y quienes hoy ponen en riesgo su salud y su vida requieren del respaldo decidido de la población en general y la atención prioritaria por parte del gobierno para darle solución a tan acuciante problema.
Anayansi Turner
Abogada y docente universitaria
Comentarios
Publicar un comentario