Por la independencia e institucionalidad de la Defensoría Universitaria

 

Por la independencia e institucionalidad de la Defensoría Universitaria

El Siglo, martes 17 de mayo de 2022 

Esta figura no le resta funciones ni competencias al sistema ejecutivo de la Universidad

La literatura relativa a la Defensoría universitaria así como su regulación en diversos países y regiones geográficas dan cuenta de que ha logrado ser un medio eficaz para la resolución de conflictos, un mecanismo para la preservación del Estado de Derecho universitario y una garantía de calidad en la educación superior. Coadyuva a una mejor administración de la institución universitaria.

Esta figura ‘no le resta funciones ni competencias al sistema ejecutivo de la Universidad, sino que orienta su función a detectar los problemas de funcionamiento y a realizar las recomendaciones necesarias a los órganos de gobierno, para que éstos promuevan las modificaciones necesarias para corregir y mejorar su actuación, resolviendo los problemas concretos que se puedan producir', nos dice María Aránguez, ex Defensora de la Universidad Complutense de Madrid (‘Los retos de las defensorías universitarias en el mundo', UNAM, 2016, p. 106).

De allí que nuestra propuesta de trabajo a implementar, de salir elegida para tal cargo al seno del Consejo General Universitario el próximo 19 de mayo, va dirigida a fortalecer la independencia e institucionalidad de la Defensoría, prerrequisitos indispensables para que la misma cumpla su cometido. Por ello nos comprometemos a: 1) Garantizar autonomía, objetividad, equidad, transparencia, respeto del pluralismo, legalidad y búsqueda de consensos en las actuaciones de la Oficina. 2) Ejercer a cabalidad las funciones establecidas en el artículo 369 del Estatuto Universitario. 3) Promover la aprobación del Reglamento de la Defensoría al seno del CGU en un plazo perentorio. 4) Promover la aprobación de una Estructura de Personal y un Presupuesto suficiente para prestar servicios a cerca de cien mil universitarios, en la defensa de sus derechos. 5) Lograr el nombramiento del Defensor Adjunto. 6) Ampliar los mecanismos para la recepción de quejas. 7) Impulsar políticas universitarias dirigidas a lograr la equidad de género e igualdad de oportunidades en la institución 8) Reactivar acuerdos de cooperación con la Defensoría del Pueblo y restablecer los vínculos con las redes de defensores universitarios a nivel internacional.

El éxito de la Defensoría no sólo dependerá del buen perfil con que cuente el próximo titular para el desempeño del cargo, sino también de la vocación democrática de las autoridades universitarias y de los miembros del Consejo General para viabilizar al fin una figura que ya cuenta con casi 40 años en el continente.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y CATEDRÁTICA EN UP


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