Defensoría Universitaria: Labor inconclusa

 

Defensoría Universitaria: Labor inconclusa



El Siglo, martes 10 de mayo de 2022 

No pudimos completar el período, por la persecución arbitraria de que fuimos objeto por la administración universitaria de la época

Hace diez años, en el 2012, fui escogida como la primera Defensora de los Derechos Universitarios de la Universidad de Panamá por cinco años. Siete años tuvieron que transcurrir para que se cumpliera lo dispuesto por la nueva ley universitaria (Ley 24 de 2005).

Sin embargo, no pudimos completar el período, por la persecución arbitraria de que fuimos objeto por la administración universitaria de la época: sólo estuvimos al frente de la Defensoría el primer año y, luego al término de la gestión, el último año y 10 meses (cuando la Corte Suprema ordena nuestro reintegro). Mientras estuvimos ejerciendo el cargo, sufrimos de acoso laboral, así como de cerco económico y administrativo para provocar nuestra renuncia o acusarnos de inoperancia, así como también se desalentaba a los universitarios de acudir a nuestras oficinas. Salvo los últimos 6 meses en que las nuevas autoridades dieron toda la cooperación posible para la buena marcha del Despacho.

A pesar de lo anterior podemos destacar algunos logros: 1) Organización de la sede principal de la Defensoría, con personal mínimo para funcionar; 2) atención de 401 casos en 5 años (incluye el período en que estuvo al frente el profesor Carlos Gasnell, Defensor encargado en mi ausencia); 3) campañas para dar a conocer la Oficina en diversas Facultades y Centros Regionales Universitarios; 4) realización de propuestas a los órganos de gobierno para el mejoramiento de la legislación universitaria, incluyendo proyectos de Reglamentos de la Defensoría y de Acoso Sexual (los cuales fueron engavetados), así como propuesta de reforma a la Ley Orgánica en el Congreso Universitario de 2017; 4) Establecimiento de vínculos con la Defensoría del Pueblo; 5) participación en la Red de Defensores Universitarios (REDDU) a nivel internacional; 6) Elaboración del ‘Pacto por los Derechos Humanos de los Universitarios' y haber logrado su firma por 4 de los 5 candidatos a la Rectoría en las elecciones universitarias del 2016.

Por lo antes indicado no pudimos concretar aspectos fundamentales de nuestra propuesta de trabajo que presentamos en su momento a los miembros del Consejo General Universitario. Es por ello que nos postulamos al puesto para el nuevo período 2022-2027, con la mira de fortalecer la institucionalidad de la Defensoría y promover el cumplimiento y perfeccionamiento del Estado de Derecho Universitario.

Con nuestra candidatura podemos garantizar conocimiento, experiencia y compromiso en el desempeño del cargo.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA



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