Extinción de dominio e intromisión de EU
Extinción de dominio e intromisión de EU
El Siglo, martes 27 de diciembre de 2022
El proyecto de ley 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos fue presentado al parlamento panameño, el 28 de abril de 2021 por el órgano Ejecutivo
Al día siguiente del 20 de diciembre de este año, la embajadora de EU urge a la Asamblea Nacional para que debata y apruebe la extinción de dominio, inmiscuyéndose abiertamente en los asuntos internos del país.
No da respuesta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde el 2018, en el caso José Salas y otros –vs- EU, viene instando a esta nación a hacer las reparaciones a las víctimas de la invasión, en virtud de que ésta violó el derecho internacional y los derechos humanos de los panameños. Sino que violenta la Convención de Viena relativa a las relaciones diplomáticas entre los Estados, al conminar al órgano legislativo a determinada actuación.
El proyecto de ley 625 de extinción de dominio de bienes ilícitos fue presentado al parlamento panameño, el 28 de abril de 2021 por el órgano Ejecutivo, vía el Ministro de Seguridad Pública. Inició el debate legislativo el 2 de febrero del presente año y se encuentra en evaluación en una subcomisión legislativa desde octubre.
El mismo crea la jurisdicción de extinción de dominio, incluyendo fiscalía y jueces de primera y segunda instancia, que extinguen la propiedad de bienes, instrumentos, productos o valores de origen o destino ilícito, a favor del Estado, con preeminencia sobre cualquier otra ley, independientemente de los resultados del proceso penal en contra de los titulares e indistintamente de la época de adquisición o destino ilícito de los bienes, como supuesta herramienta para combatir el crimen organizado y el narcotráfico.
Juristas de reconocida trayectoria y organizaciones nacionales como la Federación de Asociaciones Profesionales de Panamá (FEDAP) se han pronunciado contra la intromisión de la señora Embajadora norteamericana, con sus declaraciones y, a la vez, contra este Proyecto de Ley, por considerar que transgrede principios constitucionales básicos como el debido proceso, la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley, el derecho a la propiedad privada y la prohibición de confiscación de bienes.
Coincidimos plenamente con FEDAP cuando afirma que ‘la solución al problema del crimen organizado que afecta a Panamá… (se logrará) superando el actual sistema contaminado, de corrupción e impunidad que atenta contra la vida digna de la Nación'; y con el diputado Leandro Ávila que advierte que la embajadora ‘debe tener conocimiento sobre la separación de los poderes' y que ‘cada país toma sus decisiones'.
ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA
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