Nuevo Crisol de Razas

 

Nuevo crisol de razas 

El Siglo, martes 25 de julio de 2023 
Anayansi Turner, abogada y docente universitaria

El permiso especial es un mecanismo expedito para el Ejecutivo disponer de recursos en un período pre-electoral.  

A través del reciente Decreto Ejecutivo No 112 de 13 de julio de 2023 se crea un permiso especial de protección para los extranjeros irregulares con una estancia no menor de un año dentro del territorio nacional, que no haya iniciado proceso migratorio alguno.  Se otorga por un período de 2 años.  
 
El mencionado Decreto justifica dicho permiso especial en la necesidad de regularizar a estas personas dado su alto nivel de vulnerabilidad frente a al tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas y los riesgos y peligros producto de los crecientes flujos migratorios irregulares. 
 
Su costo es de B/ 950, que incluye servicio migratorio (B/ 500), carné para viajar (B/ 100), depósito de repatriación (B/ 200) y obligaciones tributarias (B/ 150), que será distribuido así: de los B/ 500 para servicio migratorio, 70% para el Ministerio de la Presidencia (para “ayuda social y seguridad” según el Decreto); y 30%, para el Servicio Nacional de Migración.  Este monto no toma en cuenta los honorarios de abogado ni el costo del permiso de trabajo que se exige.
 
Las propias autoridades en la materia calculan en 200,000 personas las que se encuentran en esta condición, por lo cual calificarían para la obtención del permiso.  Si optaran todas al mismo significarían un ingreso de B/ 100 millones, de los cuales el 70% iría para el Ministerio de la Presidencia, o sea, 70 millones, lo cual ha sido duramente criticado en la opinión pública, tomando en cuenta de que se trataría de un mecanismo expedito para el Ejecutivo disponer de recursos en un período pre-electoral.
 
El llamado Crisol de Razas se implementó bajo los gobiernos de Martinelli y Varela con características similares, habiendo generado B/ 400 millones (80% para la Presidencia y 20% para Migración) y cubriendo a cerca de 100,000 personas.
 
Medida improvisada que de salida vislumbra que no se cumplirá con la normatividad de protección a los trabajadores nacionales y los porcentajes respectivos (90% panameños y 10% extranjeros), como en efecto lo corrobora el BID en reciente estudio, cuando señala que los inmigrantes tienen más probabilidades de tener trabajo que los nacionales en la mayoría de los países latinoamericanos, pero esos trabajos son menos formales y de peor calidad (La Estrella, 22/7/23).  O sea que otro objetivo de este permiso especial sería el de proporcionar mano de obra barata al empresariado local, afectando a la empleomanía panameña.
 

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