¡La lucha continúa!
¡La lucha continúa!
El Siglo, martes 5 de diciembre de 2023
La ciudadanía es suspicaz y exige con firmeza el cumplimiento de la sentencia de la Corte
El tan esperado Fallo de inconstitucionalidad de la Ley 406 por parte de la Corte Suprema fue expedido el pasado 27 de noviembre y dado a conocer al día siguiente, después de 39 días de continuas protestas ciudadanas. La máxima instancia judicial determinó que se violaban 25 normas constitucionales.
En materia ecológica se hace énfasis en que el contrato ley no fue consultado con la población; que el estudio de impacto ambiental en el cual se basó debe ser coincidente con el contrato y no de hace 11 años atrás; que debieron respetarse los convenios suscritos por Panamá como el Acuerdo de Escazú. Asimismo, se indica que el contrato no se ajustó al mecanismo de selección de concesionario tras no convocarse a licitación pública. Llama la atención en torno a que los otros poderes del Estado no respetaron el fallo de 2017, incurriendo en los mismos errores advertidos por la Corte en aquel entonces, entre otras cosas.
Inmediatamente, el presidente se comprometió a su publicación en Gaceta Oficial y a iniciar la transición para un cierre ordenado y seguro de la mina, señalando que la administración de justicia era “la columna vertebral de la democracia”. Sin embargo, no se acordó que había que respetar la decisión de la CSJ del 2017. Y sus Ministros de Comercio ignoraron las advertencias del Procurador de la Administración en torno al cumplimiento de la misma, pidiéndole mantener en "reserva" tales observaciones.
Aunque la empresa minera dijo inicialmente que “revisaría el contenido del fallo para entender sus fundamentos”, procedió a iniciar arbitraje internacional contra el Estado panameño al día siguiente de la decisión judicial y le hizo 13 interrogantes al gobierno nacional con respecto a la seguridad de sus instalaciones, acciones para frenar minería ilegal y señaló que se reserva todos los derechos legales para supuestamente proteger su inversión.
Frente a estas declaraciones, la ciudadanía es suspicaz y exige con firmeza el cumplimiento de la sentencia de la Corte, de tal forma que la minera y el gobierno nacional no se amparen en un “plan de cierre” de 10 y 15 años para que la primera siga operando impunemente; pero también ha pedido la renuncia de los miembros del Ejecutivo involucrados en la negociación de un contrato inconstitucional (dándose por aludido sólo el Ministro de Comercio) y la responsabilidad penal de quienes violaron flagrantemente la Constitución y la Ley..
En la elaboración y ejecución de este plan debe haber participación de la sociedad civil; deben resguardarse los derechos de los trabajadores e involucrar mitigación ambiental con base en una auditoría ambiental independiente que debe practicarse inmediata y urgentemente. Según la Guía metodológica de cierre de minas de la CEPAL debe incorporar remediación, recuperación, restauración y rehabilitación del ecosistema sustentable. Seguimos vigilantes. ¡La lucha continúa!
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