Incumplimiento de fallo minero
Incumplimiento del fallo minero
El Siglo, martes 27 de febrero de 2024
Anayansi Turner, abogada y catedrática universitaria
Pareciera que la estrategia gubernamental es "ganar tiempo" hasta la elección presidencial, dadas las proclividades pro-minería de varios candidatos
Sorpresivamente Minera Panamá da a conocer oferta de visitas guiadas a la mina de Donoso. Aunque recibió llamado de atención por parte del Ministerio de Comercio e Industrias -MICI-, éste dio a entender que daría las directrices, pero las visitas seguirían siendo ejecutadas por la minera.
El Ejecutivo anunció un “Plan de Acción para el Cierre Ordenado y Definitivo de Cobre Panamá”, para regir a partir del 23 de diciembre. El mismo fue calificado por Juan Jované como “un plan para hacer el plan que producirá el plan de cierre” (La Estrella, 15/1/24); mientras que el Centro de Incidencia Ambiental -CIAM- ha señalado “la carencia de una hoja de ruta clara para el cierre y los peligros asociados” (La Prensa, 14/1/24); y el Comité Panameño de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza -UICN- ha advertido “los graves riesgos que podría traer la falta de cumplimiento en el plan de acción de cierre de minas por parte del Ejecutivo” (Tvn-2, 16/2/24).
Lo único cierto de ese plan gubernamental es una fase de mantenimiento a cargo de la empresa de 6 meses de duración. Luego vendría la elaboración del “Plan de Cierre Final y Post Cierre” que tomaría, según el ministro del MICI, entre 6 y 18 meses a un costo de B/1.5 millones; y ejecución entre 7 y 9 años con costo entre B/800 y mil millones.
Por su parte, Minera Panamá, en su plan de mantenimiento del 16 de enero, dice que ejecutarlo implica entre B/15 y 20 millones mensuales, insinuando que se pueden vender las 120 mil toneladas de concentrado de cobre almacenadas, para sufragar estos gastos (El Siglo, 30/1/24). Aunque no deja de sugerir posibilidades de entendimiento con el gobierno, ha demandado a Panamá por B/20,000 millones a través de arbitraje internacional.
El fallo de la Corte Suprema de Justicia del 27 de noviembre del año pasado debió implicar el cese absoluto de operaciones, es decir, que el gobierno debió asumir con responsabilidad el cierre de la mina, realizando todas las auditorías necesarias (para establecer las obligaciones en la reparación de los daños y la mejor defensa del Estado en arbitrajes internacionales), estando al frente de las medidas de preservación ambiental requeridas, permitiendo la participación ciudadana en el plan de cierre y su ejecución y renovando la fianza de cumplimiento de B/108 millones.
Pareciera que la estrategia es “ganar tiempo” hasta la elección presidencial, dadas las proclividades pro-minería de varios candidatos; y marearnos con los altos costos del “cierre”. Mientras tanto, la empresa hace propaganda en redes y visitas guiadas y busca la oportunidad para vender cobre almacenado.
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