LA CRISIS DEL AGRO Y LOS CONSUMIDORES
La crisis del agro y los consumidores
El Siglo, martes 14 de agosto de 2018
La importación de alimentos es un gran negociado, justificándose con el argumento de que favorece el interés de los consumidores, a través de los bajos precios, diversidad y calidad de los productos.
Dicha importación ronda los 1,600 millones de dólares anuales, mucho más de los aportes del Canal, lo cual nos hace muy dependientes del extranjero, comprometiendo la soberanía alimentaria.
La alimentación es un derecho humano e implica que la población tenga en su mesa, alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades vitales.
En cuanto al aspecto nutricional, es precisamente la producción local la que lo debe garantizar, con una oferta de producción fresca que permita un proceso de maduración natural. Al respecto, nos dice el médico Eddie Cabrera: ‘La falta de alimentos frescos y de calidad en el mercado local expone a la población a una mala alimentación… Los niños deben comer frutas y vegetales (y) eso no debe ser importado' (TVN, 10/8/18).
En relación a la calidad e inocuidad de los alimentos, la misma abarca la ausencia de patógenos o contaminantes, pero también el suministro de la debida información del producto al consumidor. La preocupación de los productores en este tema se expresa en sus legítimas reclamaciones a las autoridades, para que se revise la regulación de la AUPSA, se dote de personal calificado a los laboratorios de análisis de residuos tóxicos del MIDA y que haya un efectivo control aduanero de cuarentena. En este punto, consideramos que es importante hacer conciencia nacional, incluyendo productores, de la importancia de caminar hacia la agricultura orgánica en el país y mucho más ahora que se han documentado las afectaciones a la salud causadas por pesticidas, así como hacia el forzoso etiquetado de productos genéticamente modificados.
En cuanto a la suficiencia alimenticia, la importación, necesaria mientras no haya autosuficiencia como meta de Estado, no puede ser autorizada en detrimento del productor nacional, sobre todo cuando los empleos generados por la agricultura alcanzan un 11%, a pesar de significar sólo el 2% del PIB.
Acceso a productos baratos implica acercar a productor y consumidor, mediante mercados de abastos cómodos, higiénicos y céntricos; que la producción vaya a la población y ésta compre directamente a productores. No coincidimos con eliminar el control de precios de la canasta de alimentos, hay que mejorar el sistema, más, cuando es una disposición constitucional.
Anayansi Turner
Abogada y docente universitaria
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