`ME GRABARON, ME GRABARON´: EL DELITO DE PINCHAR

‘Me grabaron, me grabaron': 

el delito de pinchar

El Siglo, martes 21 de agosto de 2018 

​Cuando no funcionan los organismos de control, hay peligro por parte de quienes ostentan el poder

La crisis institucional tocó fondo con un nuevo escándalo que pone ahora en entredicho a la administración de justicia.

De ser ciertas las aseveraciones de la Procuradora, el que debe decidir acerca de violaciones al derecho a la intimidad es víctima de las mismas y es objeto de chantaje con el objeto de forzar un fallo favorable al expresidente de la República, procesado precisamente por esa figura delictiva.

Cuando no funcionan los organismos de control, hay peligro por parte de quienes ostentan el poder, de no resistirse a la tentación de ‘pinchar' a sus enemigos políticos, a sabiendas de que es una actividad ilícita.

Tal conducta es prohibida por la Constitución (‘todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas') y el Código Penal (que sanciona con prisión a ‘quien sin contar con la autorización de la autoridad judicial, intercepta telecomunicaciones o utiliza artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de conversaciones no dirigidas al público').

Tal como fue filtrado por Wikileaks, desde el mismo momento de su arribo al poder, el señor Martinelli pidió a la embajadora de EU, ‘ayuda con la intervención de teléfonos', frente a lo cual la misma comentó a sus jefes (22/8/09): ‘Es alguien con tendencia al acoso y el chantaje'. Luego, al concluir su gobierno, declaró en televisión que contaba con un dossier y conocía el pedigrí a cada quien en el país'. En el 2014 se inició la investigación por los pinchazos supuestamente ordenados por este exjefe de Estado y realizados a 150 panameños. Ahora, la Procuradora menciona a 5,000 posibles pinchados.

En la Universidad de Panamá tampoco escampó con respecto a ese tipo de prácticas ilegales, cuando se llevó a cabo sin nuestro consentimiento ‘Auditoría Informática' a las computadoras de la Defensoría Universitaria y se intervinieron correos electrónicos, con el avieso propósito de fabricar ‘pruebas' en nuestra contra para justificar nuestra remoción al frente de dicha Oficina, así como nuestra destitución docente, violación a la privacidad aún por decidirse en los tribunales.

Aún con connotaciones sui generis, la declaración de la Procuradora llenó su cometido y logró que ‘no tumbaran' el caso, con la decisión de 5 Magistrados (de 9) del 16 de agosto pasado, frente al Amparo interpuesto por Martinelli que solicitaba la declinación de competencia de la CSJ a la justicia ordinaria.

Anayansi Turner

Abogada y docente universitaria