POR UNA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIAS
Por una seguridad y soberanía alimentarias
El Siglo, martes 7 de agosto de 2018
Las últimas protestas y demandas del sector agropecuario en el país son producto de esta crisis del agro y la incapacidad de los sucesivos gobiernos de ni siquiera cumplir
La FAO define la seguridad alimentaria como ‘el acceso permanente de los individuos a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y preferencias culturales para una vida sana y activa'. Y la soberanía alimentaria sería la potestad que tiene cada pueblo, de establecer sus políticas agrarias y alimenticias con el propósito de lograr su seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.
No cabe duda que la responsabilidad de ambas corresponde al Estado, el cual debe tomar en cuenta a los sectores productores, no sólo a los grandes, sino a los medianos y pequeños, así como a la gran población consumidora del país.
Las metas de seguridad y soberanía alimentarias se pusieron en jaque a raíz de las políticas económicas neoliberales adoptadas por los gobiernos desde hace cuarenta años, agravadas con las firmas de los Tratados de Libre Comercio en la última década, que ha significado la reducción del sector agropecuario en el PIB, de 15% en los años setentas, al 2% en el 2017. O sea, que estas políticas económicas nos hacen más dependientes del extranjero, es decir de los productos importados para cubrir nuestras necesidades alimenticias.
Las últimas protestas y demandas del sector agropecuario en el país son producto de esta crisis del agro y la incapacidad de los sucesivos gobiernos de ni siquiera cumplir con sus promesas realizadas a los grandes productores dirigidas a que fueran más competitivos en el mercado, a cambio de su aprobación de los TLC: garantizar las cadenas de frío, los mercados periféricos, las infraestructuras para almacenamientos, sistemas de riego, facilitar sus exportaciones, etc. Ahora, dicho deterioro es agravado por la voracidad de los intereses del sector comerciante importador –protegidos por el actual gobierno- que introduce productos al medio sin respetar las cuotas de producción local ni las medidas de inocuidad alimentaria.
No dudamos en considerar legítimas las reivindicaciones de las 23 asociaciones de productores, pero pensamos que la mesa del diálogo no tiene posibilidades de éxito porque las partes representan intereses económicos contrapuestos, al menos que los comicios electorales próximos lleve a nuevas promesas demagógicas por parte del gobierno.
Se trata de un tema de Estado, cuyo debate debe ampliarse a los pequeños y medianos productores, pero también a los consumidores. Veremos al respecto, los diversos enfoques de la oferta política, correspondiéndole al electorado escarbar, para detectar sus reales intereses.
Anayansi Turner
Abogada y docente universitaria
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