Reformas y privatización de la educación superior

El Siglo, martes 22 de octubre de 2019  

Hizo la propuesta de incluir nuevos artículos relativos a la educación superior.

La Asamblea Nacional, en su discusión de las reformas constitucionales, sin tomar en cuenta la opinión de diversas universidades, hizo la propuesta de incluir nuevos artículos relativos a la educación superior, que lo que buscan es consolidar su definitiva privatización, coartándole valiosas oportunidades de superación a miles de jóvenes panameños de bajos estratos.

En efecto, se propone suprimir la facultad fiscalizadora a las universidades oficiales sobre las particulares, al pasarla a un Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación, que gozaría de personería jurídica, autonomía administrativa, académica y patrimonio propio. Asimismo se pretende consagrar la ‘asistencia económica' tanto a universidades estatales como particulares. Al igual que la ley marco para las universidades.

La actividad fiscalizadora por parte de las universidades oficiales tiene su razón de ser: El estado es el ente rector en materia de servicios públicos, siendo la educación un servicio básico fundamental. Sin embargo, en estas iniciativas se borran de un plumazo las capacidades institucionales desarrolladas por las universidades públicas, como es el caso de la Universidad de Panamá, con casi 85 años de experiencia en el ámbito de la docencia, investigación y extensión, en comparación con las universidades particulares, con apenas dos décadas de funcionamiento, salvo excepciones, dedicadas a la formación en carreras consideradas ‘rentables' y casi nula investigación y extensión.

El subsidio de la educación pública universitaria (65% de la matrícula total), de por si insuficiente, ha permitido la movilidad social de más de un cuarto de millón de profesionales de origen humilde que han contribuido sustancialmente al progreso del país en los 115 años de República. No tiene comparación con la particular, cuyo leitmotiv principal es el ánimo de lucro.

La expedición de una Ley Marco aplicable a todas las universidades sin distinción permitiría suprimir los regímenes autonómicos de las públicas, los cuales han sido producto de la auto regulación y de las luchas de generaciones de universitarios. No obstante, los mismos son incómodos para los poderes estatales que no soportan cuestionamientos a su gestión, ni siquiera atendiendo al dicho popular de ‘quien más consulta menos se equivoca'.

Primero, el recorte de presupuesto a las universidades públicas. Luego, la equiparación de experiencia por estudios. Y ahora, constitucionalizar la privatización del tercer nivel educativo. Lo que pretende es herir de muerte a la educación pública universitaria.

ANAYANSI TURNER

ABOGADA Y DOCENTE UNIVERSITARIA