Fallo por el Caso Pinchazos
Fallo por el caso pinchazos
La intimidad de los seres humanos es un preciado bien que nos permite preservar nuestra paz mental
La intimidad de los seres humanos es un preciado bien que nos permite preservar nuestra paz mental, nuestro desarrollo personal y nuestra interacción social sobre la base de la libertad individual. Está preservada por la Constitución Política y Convenios de Derechos Humanos.
Sin embargo, los detentadores de poder con vocación totalitaria se ven permanentemente tentados a interferir en la vida privada de los ciudadanos, a los cuales conciben como súbditos y no como sujetos de derechos.
Es lamentable que luego de seis años transcurridos desde que se abren las investigaciones y los procesos respectivos por escuchas ilegales contra el ex Presidente de la República, se haya determinado, la existencia del delito así como de las víctimas de las interferencias de las telecomunicaciones, mas no la vinculación con el autor intelectual de las mismas, lo cual da, una vez más, ese sabor amargo -en el paladar social- de la impunidad en los casos de alto perfil.
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) era la policía del pensamiento orwelliana, que no escatimó en realizar interceptaciones de equipos electrónicos personales y seguimientos de líderes políticos, gremiales y sindicales, sin autorización judicial, valiéndose del programa malicioso Pegasus de la compañía israelí NSO Group, el cual nunca apareció, además de estar desacreditado internacionalmente por haber servido para espiar a no menos de 50,000 personas de todo el mundo, por parte de gobiernos autoritarios.
Para las Juezas del Primer Distrito Judicial no se pudo dar esa vinculación del hecho punible con sus autores materiales e intelectuales, ni por las declaraciones del testigo protegido; ni por el cambio en la estructura del CSN que significó la Ley 11 de 2010; ni por la información que hiciera la Embajadora de EU en Panamá al Departamento de Estado norteamericano de que había recibido petición para intervenir comunicaciones de opositores políticos por parte del Presidente, en filtraciones de Wikileaks; ni por las propias declaraciones del mismo vertidas en programa televisivo en cuanto a “tener el dossier y pedigree de todos en este país”.
Una prueba más de que la administración de justicia está en fase terminal, y que urge despolitizarla y sanearla a través de un cambio constitucional que le garantice autonomía e imparcialidad. No olvidemos que el Estado panameño ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por violación al derecho a la privacidad, en el 2009.
Anayansi Turner
Abogada y docente universitaria
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