Una de cal y otra de arena
Una de cal y otra de arena
Anayansi Turner, abogada y docente universitaria
En cuanto a la Ley 362 esperamos que no vuelva a ser letra muerta
La Asamblea Nacional aprobó enhorabuena la Ley 362 de 2023, que asigna el 7% del Producto Interno Bruto (PIB) obligatoriamente a la educación, a partir del 2024. Sin embargo, también aprueba el Proyecto de Ley 480, que crea la Universidad Pedagógica, objetada tanto por el Ministerio de Educación (MEDUCA) como por la Universidad de Panamá (UP).
En cuanto a la Ley 362 esperamos que no vuelva a ser letra muerta, pues desde 1995 (con la Ley 34 que reforma la Ley Orgánica de Educación) está vigente el mandato legal del 6% del PIB para el sector educativo, y en 27 años no se ha cumplido, no obstante que UNESCO recomienda ese porcentaje para el rubro educativo, así como el 20% del presupuesto estatal. Encomiable es el establecimiento en el texto constitucional costarricense de un 8% del PIB para la educación, el cual se ejecuta efectivamente.
Ahora, la nueva Ley establece un punto porcentual más alto: el 7% para educación, del 2024 en adelante. Del mismo, el 5.5% debe destinarse al MEDUCA, IPHE, SENACYT y universidades oficiales, mientras que el 1.5% restante debe ir dirigido a otros programas del área. Para el 2023, el gasto no debe ser inferior al 6% del PIB del año anterior. Este logro es producto de la Mesa del Diálogo surgida a raíz de las protestas de julio de 2022, donde en la Mesa Temática educativa quedó plasmado el 6% a exigencia de los gremios magisteriales.
Por su parte, el Proyecto de Ley 480 (aún no sancionado por el Ejecutivo), que reorganiza y moderniza el Instituto Superior Juan Demóstenes Arosemena, convirtiéndolo en ‘Universidad de Ciencias Pedagógicas', no gozó del consenso de la entidad rectora que es el MEDUCA, el cual se opuso a su creación por estimar que constitucionalmente es al Ejecutivo al que corresponde proponer la creación de nuevas instituciones gubernamentales; así como también que no hubo estudio de factibilidad previo ni se garantizaba la autonomía para la nueva Universidad ni órganos de gobierno, a diferencia de las universidades públicas existentes. En cuanto a la UP manifestó duplicidad de objetivos, funciones y de presupuesto; compartiendo los criterios del MEDUCA.
Ya no se trata sólo de seguir fragmentando a la UP (tendencia que viene desde 1981), sino de continuar gobernando con la argamasa clientelista, creando fuentes de empleomanía para los politiqueros criollos.
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