Gualaca  y el problema migratorio 

El Siglo, martes 28 de febrero de 2023

Anayansi Turner, abogada y docente universitaria

Diez días después se produce un incendio de otro bus

Conmoción nacional e internacional, y hasta del propio Papa Francisco, causó el accidente de tránsito con más víctimas fatales acaecido en el país el pasado 15 de febrero. Hubo 42 fallecidos, de un total de 68 personas, 66 de ellos migrantes irregulares que habían atravesado la peligrosa selva darienita y que eran conducidos en un autobús al albergue ubicado en Los Planes de Gualaca, Chiriquí, un sitio transitorio en su camino a EU, con la finalidad de cumplir su “sueño americano”.   

De esa totalidad, 32 eran hombres, 16 mujeres, 12 niños y 8 niñas; panameños, el chofer y su asistente; y procedentes de Venezuela (11), Haití (16), Cuba (2), Brasil (6), Colombia (5), Ecuador (22), Nigeria (1), Camerún (2) y Eritrea (1).

Diez días después se produce un incendio de otro bus, que trasladaba a 57 migrantes con el mismo destino, en Los Ruices, Veraguas, pero donde todos salvaron la vida.

Ha causado preocupación las dificultades de las autoridades correspondientes, para identificar a las víctimas.  ARENA ha señalado que ésta fue “una tragedia que se pudo evitar”, denunciando la falta de información con respecto al accidente, así como la ausencia de supervisión de los buses con esta ruta por parte de las autoridades.   Por su parte, el relator especial  de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes había enviado un reporte al gobierno, del 9 de diciembre anterior, donde denunciaba supuestos trabajos forzados en las estaciones de recepción de migrantes en Darién para obtener los $40 del costo del pasaje del transporte de esta ruta; así como favores sexuales solicitados a mujeres y niñas alojadas en estos centros por parte de Senafront y SNM y, en general, anotaba la existencia de condiciones insalubres en los mismos (La Prensa, 14/2/23).

Sólo en el 2022 cruzaron por Darién 248,284 migrantes, es decir, 48% de personas más que el año anterior: una cifra récord, pero con 63 fallecidos.  

El Estado panameño está obligado a investigar lo denunciado, así como brindar seguridad en este corredor humanitario y no puede ser que ahora la ATTT se entera de fallas en los vehículos que trasladan migrantes.  Éstos no sólo sufren condiciones extremas en muchos de sus países de origen que los fuerzan a salir, sino que son objeto de abusos y pérdida de vidas en el trayecto de la selva y del asfalto en nuestro territorio, violándoseles sus más elementales derechos.