¿Mayor transparencia o más opacidad en la gestión pública?
¿Mayor transparencia o más opacidad en la gestión pública?
Dicha Ley fue en su momento innovadora en América Latina, al ser la primera regulación sobre transparencia
En la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional se encuentra el Proyecto 1031 que sustituiría la Ley 6ª de 2002 sobre transparencia en la gestión pública, mismo que fue preparado por la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTAI) y presentado por el Ministro de la Presidencia al debate legislativo.
La ‘transparencia' ha sido definida por la Ley 6ª como el "deber de la administración pública de exponer y someter al escrutinio de la ciudadanía la información relativa a la gestión pública, el manejo de los recursos que la sociedad le confía, a los criterios que sustentan sus decisiones y a la conducta de los servidores públicos".
Dicha Ley fue en su momento innovadora en América Latina, al ser la primera regulación sobre transparencia y, por lo tanto, referente para los demás países de la región.
El Proyecto 1031 establece como ‘bondades' las siguientes: la constitución de una unidad administrativa de transparencia en cada dependencia pública; la facultad de ANTAI de investigar denuncias por incumplimiento de la obligación de publicar la información pertinente por parte de la institución y aplicar multas al funcionario responsable consistente en el 50% de su salario mensual; reducción del término para responder a la solicitud de información por escrito del ciudadano a 15 días hábiles, que se puede extender por otros 15 días; reducción a 7 años del término para mantener la información reservada, sujeto a 3 años de prórroga adicional en función de sopesar la ‘prueba de daño y test de interés público'; supresión de la información relativa a los yacimientos mineros y petrolíferos como información de acceso restringido.
Sin embargo, aunque se mantiene la competencia de los tribunales de conocer la acc ión de hábeas data, no puede dejar de llamar la atención la eliminación de las sanciones al funcionario que no proporcione información al ciudadano en virtud del derecho de petición, ya se trate de declararlo en desacato, del descuento del doble de su salario mensual, su destitución e incluso la posibilidad de que el afectado pueda demandarlo civilmente.
Coincidimos con la Fundación para la Libertad Ciudadana y agrupaciones de periodistas de que esta propuesta es ‘inconveniente', pues se da en un año pre-electoral, supone mayor burocratización estatal, no resuelve la falta de independencia de ANTAI como entidad rectora y ha supuesto nula consulta ciudadana.
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