Derecho Alternativo en Panamá

Candidaturas independientes El Siglo, martes 28 de agosto de 2018  Aunque la libre postulación sin distinciones fue introducida en la Constitución Política, en el 2004 Las candidaturas independientes fueron incorporadas simbólicamente en nuestro régimen electoral, primero, al cargo de representantes de corregimiento; luego, al cargo de diputado; y, finalmente, al de Presidente de la República. Esto, en función de que el modelo que ha resguardado el Código Electoral, desde las reformas constitucionales de 1983, es el partidocrático, es decir, el que favorece a los 2 ó 3 más grandes partidos políticos, en los diversos aspectos electorales. La mercantilización de la política, que lleva a deformaciones como las planillas 172 ó la 080, el nepotismo y clientelismo llevados a su máxima expresión, derivan de ese monopolio partidista. Aunque la libre postulación sin distinciones fue introducida en la Constitución Política, en el 2004, el Tribunal Electoral interpretó que

‘Me grabaron, me grabaron':  el delito de pinchar El Siglo, martes 21 de agosto de 2018  ​Cuando no funcionan los organismos de control, hay peligro por parte de quienes ostentan el poder La crisis institucional tocó fondo con un nuevo escándalo que pone ahora en entredicho a la administración de justicia. De ser ciertas las aseveraciones de la Procuradora, el que debe decidir acerca de violaciones al derecho a la intimidad es víctima de las mismas y es objeto de chantaje con el objeto de forzar un fallo favorable al expresidente de la República, procesado precisamente por esa figura delictiva. Cuando no funcionan los organismos de control, hay peligro por parte de quienes ostentan el poder, de no resistirse a la tentación de ‘pinchar' a sus enemigos políticos, a sabiendas de que es una actividad ilícita. Tal conducta es prohibida por la Constitución (‘todas las comunicaciones privadas son inviolables y no podrán ser interceptadas o grabadas') y el Có

La crisis del agro y los consumidores El Siglo, martes 14 de agosto de 2018  Dicha importación ronda los 1,600 millones de dólares anuales, mucho más de los aportes del Canal La importación de alimentos es un gran negociado, justificándose con el argumento de que favorece el interés de los consumidores, a través de los bajos precios, diversidad y calidad de los productos. Dicha importación ronda los 1,600 millones de dólares anuales, mucho más de los aportes del Canal, lo cual nos hace muy dependientes del extranjero, comprometiendo la soberanía alimentaria. La alimentación es un derecho humano e implica que la población tenga en su mesa, alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades vitales. En cuanto al aspecto nutricional, es precisamente la producción local la que lo debe garantizar, con una oferta de producción fresca que permita un proceso de maduración natural. Al respecto, nos dice el médico Eddie Cabrera: ‘La falta de alim

Por una seguridad y soberanía alimentarias El Siglo, martes 7 de agosto de 2018  Las últimas protestas y demandas del sector agropecuario en el país son producto de esta crisis del agro y la incapacidad de los sucesivos gobiernos de ni siquiera cumplir La FAO define la seguridad alimentaria como ‘el acceso permanente de los individuos a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades nutricionales y preferencias culturales para una vida sana y activa'. Y la soberanía alimentaria sería la potestad que tiene cada pueblo, de establecer sus políticas agrarias y alimenticias con el propósito de lograr su seguridad alimentaria y desarrollo sostenible. No cabe duda que la responsabilidad de ambas corresponde al Estado, el cual debe tomar en cuenta a los sectores productores, no sólo a los grandes, sino a los medianos y pequeños, así como a la gran población consumidora del país. Las metas de seguridad y soberanía alimentarias se pusieron en j

La prima de antigüedad y la autonomía universitaria ARCHIVO El Siglo, martes 31 de julio de 2018  La Constitución Política, en su Título XI, ha sido muy clara en cuanto al establecimiento de la carrera administrativa Con la aprobación de la Ley 9/94, de carrera administrativa, reformada últimamente por la Ley 23/17, se tiende a aliviar la brecha existente entre el servidor público y el trabajador del sector privado, sobre todo en lo concerniente a la estabilidad en el empleo y a las prestaciones económicas derivadas de la relación laboral, como el pago de la prima de antigüedad, la indemnización y las horas extras en efectivo, obligatorias de acuerdo a esta última Ley. La Constitución Política, en su Título XI, ha sido muy clara en cuanto al establecimiento de la carrera administrativa a favor del funcionariado, de forma tal que ‘su nombramiento y remoción no pueda ser potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad'. Asimismo le son aplicables las dispos