Derecho Alternativo en Panamá

  Esterilización forzada:  delito de lesa humanidad El Siglo, martes 22 de febrero de 2022. Exigimos investigación a fondo y justicia para las mujeres víctimas de estos hechos La develación de posibles situaciones de esterilización forzada en hospital público, por parte de la diputada independiente, Walkiria Chandler, durante sesión de comisión parlamentaria del pasado 15 de febrero, es sumamente grave y preocupante. Se trata de denuncias que le hicieran diez o doce mujeres de Charco la Pava, Bocas del Toro, a la Comisión, el pasado 26 de octubre, en gira que realizara para investigar brotes de leshmaniasis en esta comunidad indígena. Las denuncias se pusieron en conocimiento del Ministro de Salud; y, ante la falta de respuesta desde entonces, la diputada interrogó a la viceministra de esa cartera, durante su comparecencia a la Asamblea, evadiéndose el abordaje del tema por parte de la misma, así como por parte de la Vicepresidenta de la Comisión. Aunque esta última procedió a...

  No a la reelección en la UNACHI El Siglo, martes 15 de febrero de 2022  En 1887, el historiador inglés, Lord John Acton, dijo: ‘El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente' En 1887, el historiador inglés, Lord John Acton, dijo: ‘El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente'. Nada más cierto, y en el caso de las universidades públicas en nuestro país es lamentable que la historia de sus legislaciones haya estado marcada, en gran medida, por el interés de quienes llegan al poder desde el puesto rectoral, a perpetuarse a través de la figura de la reelección. Al principio son los más fervientes creyentes en el principio de no reelección. Una vez en el cargo cambian la Ley, para mantenerse allí; prohiben la reelección en los períodos siguientes. Pero, una vez está finalizando su período, promueven una nueva ley para reelegirse sin restricciones, en medio de un preponderante ambiente de canongías, para asegurar el voto univers...

Panamá Vale Más Sin Minería El Siglo, martes 8 de febrero de 2022  Resulta que, a través de Fallo de 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997 El pasado 17 de enero concluyó la negociación entre el gobierno y la minera Cobre Panamá, de un nuevo Acuerdo que legalizase la extracción de cobre que ya viene realizando esta empresa en sustitución de Petaquilla S. A., la cual cerró operaciones en el 2014. Resulta que, a través de Fallo de 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 9 de 1997, que amparaba el contrato minero entre el Estado y Petaquilla S. A. Sin embargo, el mismo fue publicado en Gaceta Oficial apenas el 22 de diciembre pasado, es decir, 4 años después de haber sido emitido, justo unos días antes de que fuera anunciado tal Acuerdo, el cual requiere para su validez ser aprobado por la Asamblea Nacional. El mismo contempla pago de regalías anuales del 12 al 16% sobre las ganancias brutas por la extracción (lo cual pu...

  Ley de niñez y adolescencia:  deuda de más de 30 años El Siglo, martes 1 de febrero de 2022  Su aprobación se produce 3 décadas después que el gobierno ratificara la Convención de los Derechos del Niño El pasado 11 de enero, la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley 567 que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, quedando pendientes la sanción presidencial y promulgación, para su vigencia, y más adelante, su reglamentación y dotación de partidas presupuestarias suficientes para que no quede en letra muerta. Su aprobación se produce 3 décadas después que el gobierno ratificara la Convención de los Derechos del Niño, mediante Ley 15/90. El Comité de los Derechos del Niño nos criticó este déficit en múltiples ocasiones, al igual que UNICEF. Lo cierto es que su prohijamiento en la cámara legislativa el año pasado se debió al interés de calmar el descontento ocasionado por el escándalo de los albergues. El mismo ...

  Independencia y carrera judicial El Siglo, martes 25 de enero de 2022  La carrera judicial es el derecho a la estabilidad en sus cargos por parte del personal del Órgano Judicial La carrera judicial es el derecho a la estabilidad en sus cargos por parte del personal del Órgano Judicial, el cual debe ser escogido conforme a un sistema de méritos, plasmándose por primera vez, al igual que la carrera administrativa, en el texto constitucional de 1946. Sin embargo, casi 76 años después nos encontramos con la triste realidad de que sólo el 42% de sus funcionarios (de un total de 5,500) son de la vieja carrera judicial. La nueva carrera establecida a través de la Ley 53 de 27 de agosto de 2015, con su reglamentación de 2018, no se ha ejecutado porque los sucesivos Presidentes de la Corte Suprema de Justicia han venido alegando falta de presupuesto para ello. Cuando entra en vigencia el Sistema Penal Acusatorio (SPA) en todo el país, en el 2016, los nombramientos fueron interinos (...

  Ingresos exorbitantes de alcaldes y representantes El Siglo, martes 18 de enero de 2022  Es vergonzoso que el gobierno se ensañe con quienes ejercemos profesiones liberales, mientras favorece privilegios de autoridades locales Los reportajes del diario La Prensa del 13 y 14 de enero pasado dan cuenta de exorbitantes asignaciones para cubrir gastos de movilización, representación y dietas de 10 alcaldes y 10 representantes de corregimientos que incrementan sus ingresos mensuales a tal punto que hasta resultan superiores a los correspondientes al propio Presidente, Ministros y Magistrados de la Corte Suprema (oscilan entre B/ 13,750 a B/ 7,350 mensuales cada uno). Curiosamente el aumento, más allá del salario, se da sobre todo con base en los llamados ‘gastos de movilización' que oscilan entre 2,900 y 5 mil balboas por mes. Estos gastos significan B/ 12 millones anuales correspondientes a los 751 alcaldes y representantes de todo el país. Además de estar libres de impuestos no...

  Salario mínimo irrisorio El Siglo, martes 11 de enero de 2022. El salario mínimo es un derecho consagrado por primera vez en la Constitución de 1946 El salario mínimo es un derecho consagrado por primera vez en la Constitución de 1946. Pero su materialización sólo fue posible a raíz de la Marcha del Hambre y la Desesperación de 1959, cuando se expidió la ley correspondiente. ¡13 años después!: tal era la resistencia de los empleadores. Según el actual texto constitucional, debe cubrir las necesidades normales de la familia y mejorar su nivel de vida. Debe aplicarse tanto al trabajador del sector privado como público e implica su ajuste periódico. El Código de Trabajo, aplicable al sector privado, dice que éste debe ser cada 2 años, siguiendo la recomendación de la Comisión Nacional de Salario Mínimo, integrada por trabajadores, empleadores y gobierno, en virtud de un Decreto Ejecutivo. En la Comisión establecida para discutir el ajuste 2022-2024 no hubo acuerdo entre la represent...