CORRUPCIÓN Y BURLA

CORRUPCIÓN Y BURLA

“¡Señores, robar paga!”. “La justicia panameña apesta”. “Ser político ladrón es mejor que ser delincuente de calle”.  He aquí algunas reacciones de panameños frente a acuerdos de pena logrados por casos de corrupción.

Y es que la ciudadanía tenía las esperanzas puestas en el sistema judicial para hacer justicia en relación a los escándalos de corrupción que se dieron en torno a las mega obras desarrolladas en el gobierno anterior y, sobre todo, cuando el caso Odebrecht que removió a altos mandatarios en Latinoamérica, rebotó en nuestro país.

Se nos vendieron fórmulas mágicas que garantizarían la imparcialidad e independencia de fiscalías y tribunales: la carrera judicial, el sistema penal acusatorio, la legalización de “los acuerdos de colaboración eficaz”, la consulta ciudadana en los nombramientos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, etc.

Muchas de esas fórmulas no se han implementado, o se han hecho a medias o en función del rejuego político o económico.

Las llamadas delaciones premiadas han dejado un amargo sabor de boca, cuando se privilegian las incriminaciones a altos personeros de la administración pasada o las devoluciones de parte de lo robado al Estado, más que el derecho de las víctimas (el pueblo panameño) a que se haga justicia con sanciones ejemplares.  Tales son los casos de altos ejecutivos de Odebrecht en Panamá, o de Rafael Guardia o Cristóbal Salerno.

En medio se han dado prácticas deplorables que afectan la credibilidad ciudadana, como la investigación selectiva y aplicación discrecional de medidas cautelares, fallos que han detenido investigaciones complejas como la de Odebrecht, pactos no escritos entre el Judicial y la Asamblea para no investigarse mutuamente, el desacato del Legislativo al no proporcionar información sobre contratos de más de 17,000 personas, entre otras.

Otras fórmulas han surgido en el camino y siguen como propuestas sujetas a aprobación: como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, declarar inconstitucional la exigencia de prueba idónea para las denuncias contra diputados, la no reelección de ninguna autoridad sujeta a sufragio popular y la más reciente de “muerte civil” para los corruptos, todas las cuales nos parecen excelentes.  Sin embargo, avizoramos que algunas se aprueben con la finalidad de paliar el descontento social, como parte del show y la demagogia, más que resolver a fondo el problema: el sistema judicial al servicio de los grandes intereses políticos y económicos.

Anayansi Turner

(abogada y docente universitaria)

(Publicado en El Siglo, el 16 de enero de 2018)