CORRUPCIÓN Y BURLA
CORRUPCIÓN Y BURLA
“¡Señores, robar paga!”. “La justicia panameña apesta”. “Ser
político ladrón es mejor que ser delincuente de calle”. He aquí algunas reacciones de panameños
frente a acuerdos de pena logrados por casos de corrupción.
Y es que la ciudadanía tenía las esperanzas puestas en el sistema
judicial para hacer justicia en relación a los escándalos de corrupción que se
dieron en torno a las mega obras desarrolladas en el gobierno anterior y, sobre
todo, cuando el caso Odebrecht que removió a altos mandatarios en
Latinoamérica, rebotó en nuestro país.
Se nos vendieron fórmulas mágicas que garantizarían la
imparcialidad e independencia de fiscalías y tribunales: la carrera judicial,
el sistema penal acusatorio, la legalización de “los acuerdos de colaboración
eficaz”, la consulta ciudadana en los nombramientos de magistrados de la Corte
Suprema de Justicia, etc.
Muchas de esas fórmulas no se han implementado, o se han hecho a
medias o en función del rejuego político o económico.
Las llamadas delaciones premiadas han dejado un amargo sabor de
boca, cuando se privilegian las incriminaciones a altos personeros de la
administración pasada o las devoluciones de parte de lo robado al Estado, más
que el derecho de las víctimas (el pueblo panameño) a que se haga justicia con
sanciones ejemplares. Tales son los
casos de altos ejecutivos de Odebrecht en Panamá, o de Rafael Guardia o
Cristóbal Salerno.
En medio se han dado prácticas deplorables que afectan la
credibilidad ciudadana, como la investigación selectiva y aplicación
discrecional de medidas cautelares, fallos que han detenido investigaciones
complejas como la de Odebrecht, pactos no escritos entre el Judicial y la Asamblea
para no investigarse mutuamente, el desacato del Legislativo al no proporcionar
información sobre contratos de más de 17,000 personas, entre otras.
Otras fórmulas han surgido en el camino y siguen como propuestas
sujetas a aprobación: como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción,
declarar inconstitucional la exigencia de prueba idónea para las denuncias
contra diputados, la no reelección de ninguna autoridad sujeta a sufragio
popular y la más reciente de “muerte civil” para los corruptos, todas las
cuales nos parecen excelentes. Sin
embargo, avizoramos que algunas se aprueben con la finalidad de paliar el
descontento social, como parte del show y la demagogia, más que resolver a
fondo el problema: el sistema judicial al servicio de los grandes intereses
políticos y económicos.
Anayansi Turner
(abogada y docente universitaria)
(Publicado en El Siglo, el 16 de enero de 2018)
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