PALIATIVOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

PALIATIVOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

En artículo anterior señalábamos que existía n propuestas contra la corrupción en la Asamblea Nacional, cuyo objetivo era ‘paliar el descontento social, como parte del show y la demagogia, más que resol ver a fondo el problema'.

Y en efecto, después de estar estancada por cerca de un año, la iniciativa de jóvenes de la USMA, sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción (tal como se aprobó recientemente en Perú y Argentina), la Comisión de Gobierno de la Cámara, le ha dado celeridad para su aprobación en segundo y tercer debate en los últimos días.

Asimismo, la procuradora general de la Nación acudió presta, al Legislativo, a presentar un anteproyecto que levantaría la reserva a las investigaciones sobre delitos de corrupción, así como aumentaría las penas en dichos delitos, que hoy son irrisorias, considerando la gravedad de los mismos.

La propuesta de ‘muerte civil' a quienes fuesen condenados por estos actos punibles, presentada por quienes convocaron a la protesta del 9 de enero en la Cinta Costera, y que consiste en la inhabilitación a corruptos en el ejercicio de funciones públicas y en la contratación con el Estado de forma perpetua, provocó un pronunciamiento de la bancada del partido panameñista, en el sentido de apoyar el Proyecto.

Curiosamente, evitar que una empresa corrupta sea beneficiaria de una adjudicación de acto público NO requiere de modificar la ley 22 de 2006, sino VOLUNTAD POLÍTICA DEL EJECUTIVO, para que todas las instituciones públicas incluyan –como en efecto se hace en algunas- como requisito no subsanable la presentación de declaraciones juradas de que el proponente no está sometido a proceso de ninguna clase relacionado con actos delictivos, la cual estaría sujeta a comprobación por el propio gobierno y a impugnación por los otros competidores. Resulta claro que el objetivo del gobierno es favorecer a empresas como Odebrecht, que han sido y son pr ocesadas por corrupción.

Todos los anteriores instrumentos para combatir este flagelo, aunque no son malos en sí mismos y a los que no nos oponemos, resultan paliativos para desmontar las actuales acciones de descontento. De aprobarse no tendrán carácter retroactivo para aplicarse a los casos actualmente en investigación o para decidir. Y, sobre todo, no atacarían el vicio de origen relacionado con el sistema de elección de la cúpula del sistema judicial en manos del Ejecutivo.

(Publicado en El Siglo, el 23 de enero de 2018)